Tarifas, siniestralidad y gestión

Desde hace más de 50 años, de acuerdo a lo normado por una ley o según las ‘aspiraciones’ de un líder de la transportación (o ¡motivado por un gobierno central en época electoral!), se presenta la demanda gremial de exigir el alza de la tarifa ante los medios de comunicación y estalla un grave conflicto social en la ciudad. Pero los problemas de la movilidad humana en general, y de la ciudad en particular, no se resuelven subiendo solo la tarifa, sino que deben ser tratados como un derecho humano tutelado por el Estado y la sociedad, con exigencias permanentes y reales de calidad, eficiencia y bienestar para todos. Hasta la actualidad, con todos los aumentos de tarifas acaecidos no ha mejorado la transportación pública. 

Crecimiento vehicular y aumento de siniestros

Además, Ecuador registró, según el INEC, en 2023, 3’078.364 vehículos motorizados matriculados, mientras en 2024 se inscribieron 3’138.562, es decir que un promedio de más de 60 mil motorizados se integra cada año al parque nacional. En la actualidad, más del 30 % de este corresponde a motos, que es el medio de transporte que más crece por sus bajos precios, pero que también ha aumentado los niveles de siniestros. 

Mientras que el 2020 se registró una tasa de mortalidad de 9,09 muertos por cada 100 mil habitantes en el Sistema Integral de Transporte Urbano-SITU, en 2025 se constató una tasa de 13 fallecidos. El transporte privado llega al 80 %, mientras el colectivo solo registra 20%, por ello la congestión vehicular. La siniestralidad carrozable le cuesta al país alrededor de $ 280 millones anuales.

Falencias del modelo de transporte urbano

El modelo de gestión urbana ecuatoriano es obsoleto, su vigencia provoca más carros privados y motos, impidiendo que se pueda construir socialmente un sistema multimodal integral que exige el siglo XXI, con sus avances tecnológicos e ingenieriles. El bienestar colectivo reclama la necesidad de impulsar un nuevo modelo de gestión que apunte al mayor uso cotidiano de la población del SITU sobre el transporte privado, ofreciendo calidad, eficiencia y puntualidad; y a una decisión política e institucional por parte del Gobierno central como de los municipios, impidiendo con este acuerdo que se inmiscuyan conflictos políticos-partidistas del poder y prime la equidad. Continuaremos.