El lastre estatal

Doce procesos de contratación fallidos en el sector eléctrico es la cuenta del Expreso en nota reciente, que cita al ministro del ramo afirmando que las principales marcas “no quieren venir al Ecuador, no nos quieren vender.” ¡Menuda revelación! Esto significa que al riesgo político habitual debe añadirse la resistencia de actores serios en el mercado a participar en transacciones puntuales de exposición mínima, las que se limitan a la entrega, cobro y poco más, las que no necesitan consultas públicas, licencias ambientales, interminables laberintos para lograr permisos previos o concretar alianzas público-privadas, otra figura fracasada.

Empresas evitan Ecuador por falta de confianza

En los círculos empresariales el hallazgo citado no es ninguna novedad. Por facilidad y seguridad para hacer negocios, el Ecuador se ubica desde hace décadas en el tercio peor calificado de países por el Banco Mundial y otras organizaciones reputadas que lo miden, y los propios indicadores del Banco Central registran apenas una fracción del monto de inversión extranjera que recala en países vecinos. Más que indicadores fríos, los negocios se fundan en la confianza, factor que los gobiernos, uno tras otro, han conseguido erosionar. Se golpea la confianza con amenazas de renegociación de contratos, con resoluciones administrativas que inventan tasas inconstitucionales, con reformas incesantes y fiscalistas, con esa miopía del funcionario para escuchar las necesidades del emprendedor, grande o chico, cotidianidad a la que se suman períodos de zozobra, que no son infrecuentes, por cambios intempestivos de gobierno, congresos de manteles o asambleas constituyentes que borran de un tajo el estado de derecho. La metástasis del sistema judicial y el abuso político de las instituciones merecen mención aparte.

Inestabilidad política frena inversión extranjera

Aquel “que les vaya bonito” con que los socialistas verbalizaron su desprecio al mercado cuando las arcas públicas se inflaban con la lotería petrolera, las mentes lúcidas la hipotecaban a costos usurarios y las manos limpias se afanaban hasta la placa de la infamia, no ha sido extirpado de la cultura pública. Lo cierto es que salvo la Ley de Modernización de 1993 o la Ley Para la Transformación Económica del 2000, ningún gobierno ha intentado un plan sistemático para transformar un aparato público que funciona como el mayor lastre de toda iniciativa en un promotor de la inversión y facilitador del desarrollo.