Control a veterinarias

A mi mascota, mi perrito Selensky, le puse su nombre por mis aficiones geopolíticas. No leyó nunca a Cicerón, pero entendió mejor que muchos humanos aquello de que la amistad verdadera se prueba en la adversidad. La noche del asalto no dudó: se interpuso, pagó con su cuerpo lo que a mí me tocaba pagar con miedo, y desde entonces cargó una enfermedad que fue degenerando hasta llevárselo. No escribo esto buscando consuelo -ya lo he encontrado, a mi manera, en la certeza de que la lealtad dada en vida encuentra su recompensa en otra parte-. Escribo porque en esa última etapa, entre clínicas y salas de espera, descubrí un país pequeño y doloroso: el de los dueños de mascotas que, además de la pérdida, cargan con el abuso.

El control que hay en Quito debe replicarse

Como en la medicina humana, en la veterinaria conviven la vocación y el negocio disfrazado de vocación. Hospitalizaciones que se alargan sin necesidad, tratamientos recetados por rutina y no por diagnóstico, dueños asustados a quienes se cobra el miedo antes que la cura. Quito ha dado pasos -ordenanzas que regulan registro y bienestar animal, permisos sanitarios exigidos por Agrocalidad-, pero ese esfuerzo es todavía una isla. Guayaquil, Cuenca, cualquier ciudad del país, tienen las mismas clínicas, los mismos abusos y ningún marco equivalente. Lo que debería ser una política nacional sigue dependiendo del código postal de cada mascota.

Las familias ecuatorianas han cambiado: la mascota ya no es un adorno del patio, es parte de la vida diaria, del hogar, de la salud emocional de quienes las cuidan. Por eso mismo, lo que hoy es una iniciativa municipal en Quito debería convertirse en ley nacional: tarifarios regulados, trazabilidad de medicinas, auditoría de hospitalizaciones, control real sobre quién ejerce y cómo.

A las mascotas no les debemos estatuas. Pero si reglamentación que impida que su cuidado se convierta en la última estafa que sufren, después de habernos dado, sin condiciones, todo lo que tenían.