Desde los cimientos

Suelo decir que Quito estaría mejor sin gobierno municipal. Los ediles y alcaldes lo hacen tan mal que sería menos perjudicial que no hicieran nada, que se quedaran en sus casas, aunque siguieran cobrando dietas y engordando a la corte de parásitos que designan para unas funciones absurdas, cuya única utilidad, para ellos, está en seguir ampliando la red normativa y burocrática que asfixia al ciudadano e inhibe toda iniciativa. Pero aumenta su poder: nada se mueve sin su permiso previo, el registro, la inspección, el puto trámite de los mil demonios.

Una decadencia política sostenida

Es cierto que desde que la revolución ciudadana inauguró la larga pesadilla socialista, de la que no conseguimos despertar del todo, han ocupado la alcaldía capitalina -pretensioso sería decir que la han gestionado- unos personajes oscuros, de pasado inconfesable y presente insustancial, o improvisados o mediocres cuando más -salvo alguna excepción-, sin credenciales ni trayectoria relevante, requisitos que hoy en día garantizan el triunfo electoral, pues el esquema está construido para premiar a los malos y ahuyentar a los buenos. Por eso quieren volver, están seguros de ganar una nueva elección si se postulan y el pueblo… pues, del pueblo nos ocuparemos en otra columna.

Sería miope, sin embargo, asumir que la raíz del descalabro municipal se debe a malos alcaldes y se arreglaría con personajes más ilustrados y éticos, más capaces, por bien intencionados que fueran, porque se trata de un problema estructural originado y protegido por una normativa que eleva al Estado, tanto en su dimensión nacional como seccional, a nueva deidad, y rebaja al ciudadano a la condición de siervo, a persona cuyos derechos, aunque estén contemplados en la Constitución o la ley, valen poco o nada sin el beneplácito del burócrata encargado de permitir su ejercicio con la licencia, el registro, la inspección, el puto trámite de los mil demonios.

La burocracia como negocio

Ningún político de oficio hará nada para corregirlo, porque está muy extendida la mamandurria y son poderosas las mafias que lucran de las dificultades procedimentales para tarifar atajos, como ha quedado demostrado en innumerables expedientes judiciales, que apenas revelan la punta del iceberg.

El edificio jurídico municipal amenaza ruina y no cabe hacer otra cosa que la que suele hacerse con las obras ruinosas: derrocarlas y construir algo nuevo desde los cimientos.