Paradoja constitucional

El nuevo proyecto de ley que circula por la Asamblea, denominado Proyecto de reforma a la ley de garantías jurisdiccionales, ha suscitado críticas de profesionales que, por el peso de esta propuesta, no deben ignorarse.

Debate por reforma a garantías jurisdiccionales en la Asamblea

Se debe realizar un estudio meticuloso de lo establecido en la Constitución. Claro, para tratar un tema de esta envergadura, deben solicitar la intervención de constitucionalistas para que no incurran en propuestas reñidas con lo dispuesto en ella.

Tenemos garantías constitucionales tremendamente importantes que deben ser tratadas con cuidado, como las acciones de protección, cuyo fin es reparar los derechos vulnerados. Por ello, limitar las competencias de la alta Corte implicaría anular garantías constitucionales que protegen directamente derechos humanos fundamentales.

Tensiones entre seguridad jurídica y derechos fundamentales

Nuestra Constitución, ratificada en las urnas en el 2025, dispone que la acción de protección procede “contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales”, por “actos u omisiones” de la autoridad, razón por la cual, cuando el proyecto pretende declarar improcedente la acción de protección por esta causa, es simplemente inconstitucional, pues una ley no puede eliminar garantías de un plumazo (art. 424).

Deben revisar los articulados de este proyecto, en vista de que, si cualquiera de estos coarta las acciones de la Corte Constitucional consagradas en nuestra carta magna, será declarado inconstitucional, lo que provocará la “paradoja de la autodefensa constitucional” y la inaplicabilidad del referido articulado o norma.

El proyecto también contempla reformas necesarias frente a los abusos reales, como la regulación del ‘habeas corpus’, con especial énfasis en el lugar donde este debe presentarse, pues ciertamente esa falta de claridad ha permitido que criminales salgan libres gracias a las argucias de abogados ‘traviesos’, que presentan esas acciones en cantones remotos, lejos de donde se encuentra el preso. Ese tipo de reformas tiene sentido y son positivas, pero no aquellas que caminan al filo de lo inconstitucional.