El petróleo venezolano

Los recursos naturales de un país son el patrimonio inalienable de su pueblo. Sus autoridades deben administrarlo, de acuerdo a sus leyes, para beneficio de su pueblo, sin sacrificar jamás su soberanía. Hoy estamos presenciando las concesiones que en Venezuela se hacen de su petróleo a compañías extranjeras, en momentos y circunstancias en que la legitimidad de su régimen, el libre ejercicio de su soberanía, están cuestionados dentro y fuera del país; cosa que debe preocuparnos a sus pueblos hermanos, con comunidad de origen, de historia y con intereses comunes futuros.

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Es innegable que la actual administración de la gran potencia de norte pretende dominar nuestro hemisferio, y quiere administrar su petróleo. Así la proclama ella misma abiertamente: el presidente Trump llegó a decir que ese petróleo pertenece a Estados Unidos, y, permanentemente, realiza actos que confirman su intención, como el disponer actualmente de los ingresos de las ventas. 

Todo este procedimiento contraría el Derecho Internacional: sería reconocer derechos de conquista, pues se destituye a un presidente en ejercicio mediante un acto de guerra, se lo secuestra, se reconoce como encargada del poder a su vicepresidente, elegida en la misma elección, y luego se dispone de sus recursos naturales. Esto será impugnado. Las compañías adjudicadas para la explotación se están tomando un gran riesgo.

Esto escribía el jueves en la tarde, y, en la noche, los canales de televisión informaban, el malestar creciente en Venezuela: una diputada del chavismo, Iris Varela, ya impugnó la validez de lo que están haciendo, por haber sido suscrito “bajo coacción”. La propia María Corina Machado- tan obsecuente con el señor Trump- impugnó el procedimiento diciendo que esto sólo podría hacerlo un gobierno legítimo (entendí que no impugnaba lo hecho, solo decía que sólo podría hacerlo un presidente legítimamente electo).

Creo que muchos impugnarán lo hecho ante cortes internacionales, o, aún, ante estadounidenses. Las cláusulas lucen leoninas: una vigencia de 25 años, según Venezuela, y hasta de 100, según Estados Unidos; un cálculo del valor de las reservas a precio de costo, no de mercado. 

Mientras tanto, la libertad de Maduro depende de la decisión de un juez en Estados Unidos. Para aumentar la confusión, el señor Rubio, secretario de Estado, dice en una entrevista, que el acuerdo petrolero no es con el gobierno interino, sino directamente con la Empresa privada North American Blue Energy Partners.

Por su parte, China reclama respeto para sus derechos en el petróleo venezolano. Pekín dice que lo que se propone daría a empresas estadounidenses control sobre campos petroleros antes manejados por empresas chinas y rusas. Rusia, seguramente, hará oír su posición sobre lo nuevo, como lo ha hecho en el pasado. Todo lo que ocurre será analizado por el nuevo Congreso de Estados Unidos, luego de su renovación en noviembre.

El problema con Venezuela se produce mientras ha estallado un gran escándalo en Bolivia que pone en entredicho a varios de los nuevos gobiernos de derecha en América Latina. Por un presunto intento de feminicidio, ha sido apresado un señor de nacionalidad argentina, Cerimedo, acusado de ser parte principal de un grupo de especialistas en la manipulación de varias elecciones, en las que habrían conseguido el triunfo los actuales gobiernos de derecha, recientemente electos.

El detenido, en una suerte de presión para obtener su libertad, ha expresado que, si habla, caerían varios gobiernos de derecha. En Chile, inclusive, el Congreso ha conformado una comisión para investigar, a pesar de la oposición de la mayoría gobiernista; parecida situación se vive en Lima y otras capitales.

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Las actuaciones de Estados Unidos contra embarcaciones de pescadores, no han sido explicadas, hasta hoy, por las autoridades ecuatorianas, a pesar de los requerimientos de la prensa.