Minería ilegal: el verdadero enemigo de Ecuador

En octubre de 2025 las Fuerzas Armadas ejecutaron un plan de bombardeos contra las minas ilegales de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Parecía un paso definitivo y contundente para poner contra la pared a esta actividad. Pero la coyuntura diaria del país hace que estas acciones sean esporádicas.

El pasado junio, The Times publicó un reportaje en el que se explica que para entrar a una mina legal en nuestro país hace falta cruzar un retén de hombres armados y encapuchados, quienes confirman por radio si uno tiene permiso de estar ahí. El control está en manos de ellos y las bandas controlan yacimientos de oro con métodos de un cártel.

La minería ilegal ha seguido creciendo en silencio. El precio de la cocaína en Europa cayó a un tercio en una década por sobreproducción, mientras el oro se cuadruplicó. Por esto, el argumento económico ha sido un disparador de esta industria ilegal. El oro, además, tiene una ventaja sobre la droga, y es que se paga en origen y no depende de que la mercancía llegue bien a destino. Por eso los grupos armados migraron a esta actividad. Se estima que el 77 % del oro que produce Ecuador es ilegal.

La logística de la ilegalidad

¿Cómo compran toda esa maquinaria pesada que vemos en cada operativo de incautación? Entre 2017 y 2024 Ecuador importó más de 500 millones de dólares en excavadoras. No existe ley que obligue al importador a reportar cuándo revende una máquina a un tercero. El resultado entonces es que una excavadora nueva puede ‘desaparecer’ del sistema apenas cambia de dueño la primera vez.

En Tena y en Yanzaza, epicentros de la minería ilegal amazónica, comprar una excavadora de 250 mil dólares es, según los reporteros, tan fácil como comprar una moto. Entregas un abono en efectivo y el resto a plazos, con el único aval de demostrar que uno ‘mina’. Hay testimonios de empleados de concesionarias que reciben mochilas con decenas de miles de dólares en billetes, y en Napo se ha llegado a pagar la máquina en oro fundido. Las grandes comercializadoras de Quito, Guayaquil y Cuenca les venden y les dan mantenimiento. Preguntadas por la prensa, ninguna respondió.

¿Se debe poner, entonces, una responsabilidad en los importadores y distribuidores de maquinaria pesada? Debería al menos ser obligatorio por parte del el importador, antes de que la máquina salga de la casa comercial, instalar un dispositivo de GPS. El costo por unidad es de 500 a mil dólares; el valor de la excavadora, entre 80 mil y 250 mil. Por lo que no es un problema de dinero, sino un problema de voluntad, o de quien no quiere que la maquinaria se pueda rastrear.

Ecuador pierde vidas, oro y naturaleza

Mientras unas industrias generan ingresos récord siendo parte, quizás de forma inconsciente, de la cadena comercial de la minería ilegal, el precio de los efectos los pagan los ciudadanos en carne propia. En apenas dos semanas de junio, las oficinas de Arcom en Machala y en Quito fueron atacadas con explosivos, y un panfleto amenazó de muerte a sus funcionarios, incluido su director ejecutivo. En 2022 asesinaron a sicariato a un exdirector zonal de la agencia en Ibarra.

No hace falta imaginar quién es el verdadero enemigo. Es la cadena completa de la minería ilegal. El que vende sin preguntar, el que compra en efectivo sin que nadie exija trazabilidad, y un Estado que trata de retomar el control de zonas donde no solo nuestro oro se pierde, sino nuestro mayor tesoro: el ecosistema natural del Ecuador que está siendo aniquilado.