El lastre de Petroecuador

Hace pocas semanas se suspendió la pavimentación de calles y carreteras porque no había asfalto.

El diésel que se expende en Ecuador tiene las características de euro 3, cuando ahora se usa el euro 6. Esto contamina gravemente el ambiente, causa daños significativos a la salud e impide la importación de vehículos más modernos y eficaces que no pueden usar un combustible de mala calidad.

La refinería de Esmeraldas ha sufrido dos incendios seguidos, lo que ha obligado a importar casi la totalidad de combustibles que usa el mercado ecuatoriano. La producción de crudo cae en picada. Y en estos días los ciudadanos han perdido miles de horas de trabajo por las largas colas para adquirir gasolina extra y diésel.

La enumeración de los daños que Petroecuador causa al país podría seguir de largo.

La soberanía no puede condenarnos a la ineficiencia

Pero todavía quedan personas y grupos que defienden a las empresas estatales a título de soberanía. De haber un análisis global de los costos evidentes y ocultos que la estatal petrolera supone a la economía del país, se llegaría a cifras abrumadoras. Pero cada vez que se trata de reformar al menos parcialmente la torpe Constitución de 2008, la Corte Constitucional decide que se requiere asamblea constituyente, lo que torna imposible la reforma, o la mayoría de los votantes las niega cuando se ha dado paso a una consulta popular.

Parece que el Ecuador estaría condenado a vivir con una carta política redactada por extranjeros y aprobada por la voluntad de un caudillo que desgobernó por una década.

No se trata de eliminar a Petroecuador, pero es evidente que la nación no puede seguir condenada a sufrir los perjuicios que genera la empresa estatal.

Hay fórmulas como las de Ecopetrol en Colombia y Petrobras en Brasil, en las que el Estado tiene mayoría, pero participan inversores privados, sus acciones están listadas en bolsa y deben presentar al público información oportuna, periódica y transparente sobre su situación financiera y sus operaciones.