No son lo mismo

Es común la usanza indiscriminada de dos términos que, aunque aparentemente pueden resultar parecidos, tienen sus importantes diferencias marcadas. Me refiero a extradición y deportación. Diferenciarlos resulta muy importante ahora que el Estado usa ambas figuras como herramientas de seguridad. Creo que es necesario tener clara cada una de ellas.

La extradición es un acto de cooperación penal entre Estados. Un país pide a otro que le entregue a una persona para juzgarla o para que cumpla una condena. Hay proceso judicial, solicitud formal, tratado o reciprocidad, y garantías: nadie puede ser extraditado, por ejemplo, por delitos políticos ni hacia un país donde corra riesgo de tortura o de pena de muerte. Hasta 2024, la Constitución prohibía extraditar a ecuatorianos. La consulta popular de abril de ese año cambió esa regla, y en julio de 2025 José Adolfo Macías, alias Fito, fue el primer ecuatoriano entregado a Estados Unidos, donde hoy responde ante una Corte de Brooklyn.

La deportación es otra cosa. Es una medida administrativa migratoria en cada país (en el nuestro, está regulada en la Ley Orgánica de Movilidad Humana) que expulsa del territorio a un extranjero que incumplió las condiciones de su permanencia. No busca juzgar a nadie, el otro país no la pide; solo recibe a su nacional que literalmente fue expulsado de otro Estado por no cumplir con las normas migratorias de éste.

Los casos de José Serrano y otros deportados

Estados Unidos, por ejemplo, deportó a José Serrano por temas de irregularidades migratorias, y ya acá se ejecutó la orden de prisión que pasa en su contra, situación que de manera similar ocurrirá seguramente con otras personas recientemente detenidas en dicho Estado. Ellos no han sido extraditados, son deportados.

Por ejemplo, el Ecuador, en julio de 2025 deportó a cientos de presos colombianos por el puente de Rumichaca con base en reformas introducidas por la Ley Orgánica de Integridad Pública. Colombia reclamó que no se le avisó con anticipación. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿qué pasó con las condenas? Colombia no puede ejecutar una sentencia ecuatoriana que no le fue transferida bajo un convenio. Respuesta: al no tener un proceso con sentencia en firme, salieron libres. Tenemos que estar claros que son dos figuras distintas, no son solo “tecnicismos legales”.