El espionaje que pagan todos

La denuncia formulada por la ministra de Gobierno sobre el presunto uso del sistema de videovigilancia municipal de Guayaquil para actividades de espionaje es grave y preocupante. Pero, lamentablemente, no sorprende. En Ecuador persiste una larga tradición de utilizar recursos públicos para fines distintos de aquellos para los que fueron concebidos. Con demasiada frecuencia, las herramientas del Estado terminan convertidas en instrumentos de presión política contra adversarios, periodistas, activistas o ciudadanos que cuestionan decisiones del poder. Basta con revisar los ataques que han recibido quienes investigan el caso Progen.

Las instituciones no pueden ser armas contra el adversario

Lo denunciado también pone en evidencia la fragilidad o inexistencia de los controles institucionales. No basta con denunciar un supuesto abuso; es indispensable preguntarse cómo pudo ocurrir y por qué los mecanismos de supervisión no actuaron a tiempo. La ausencia de controles eficaces abre la puerta al clientelismo, al ejercicio discrecional del poder y a la instrumentalización de organismos que deberían servir al interés general.

El sistema de videovigilancia de Guayaquil no puede emplearse para perseguir opositores. Pero el principio es mucho más amplio. Tampoco deben utilizarse con fines políticos las superintendencias, el Servicio de Rentas Internas, los organismos de inteligencia de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o el Centro Nacional de Inteligencia. Lo mismo aplica para la Unidad de Análisis Financiero y Económico y cualquier entidad con capacidad para recopilar información sensible de los ciudadanos.

La democracia exige instituciones sólidas, pero también límites claros al ejercicio del poder. La supervisión independiente, la rendición de cuentas y la transparencia deben convertirse en obligaciones permanentes, no en simples promesas.

La verdadera discusión no radica en quién utilizó el aparato estatal para perseguir, sino en cómo impedir que vuelva a ocurrir. Porque cuando el Estado vigila a los ciudadanos en lugar de protegerlos, todos pierden libertades y la confianza pública se convierte en una víctima más del abuso de poder y de los políticos deshonestos.