La nueva triple frontera en la Amazonía

El crimen organizado en Ecuador surgió a mediados de la década de 1980. Sin embargo, el más reciente informe Amazon Underworld, elaborado junto con Amazon Watch, muestra que sus primeros vestigios en la Amazonía también se remontan a esa década. La triple frontera entre Ecuador, Colombia y Perú concentra proyectos mineros y de exploración petrolera que han convertido la región en una mina de oro, literal y simbólica, para las organizaciones criminales, históricamente favorecidas por la complicidad de autoridades locales.

Cooperación en seguridad con brechas de gobernanza

A ello se suma que Putumayo, en el corazón de esta triple frontera, continúa siendo el principal departamento productor de coca en Colombia. Esa realidad difícilmente cambiará mediante estrategias centradas únicamente en la erradicación de cultivos.

Según el informe, Perú y Ecuador tampoco han logrado superar viejas prácticas estatales. En Perú, el Comando Unificado Putumayo-Mariscal Castilla (Cupuma), creado a finales de 2025 para fortalecer la gobernanza fronteriza, no ha logrado revertir los problemas de corrupción. Además, la legislación peruana ha limitado las herramientas de investigación para enfrentar la convergencia de los crímenes ambientales.

En Ecuador, el informe también recoge el testimonio de una fuente de inteligencia militar que admite la incapacidad del Estado para mantener un control efectivo de la frontera debido a la sobrecarga de funciones asignadas a las Fuerzas Armadas. “Lo que menos estamos haciendo es patrullar la frontera”, reconoce el funcionario.

Los crímenes ambientales están desplazando al narcotráfico como una de las principales economías ilícitas de la Amazonía. Lejos de reducir la amenaza, estas actividades generan altos niveles de violencia, provocan graves daños ambientales y representan una importante fuente de ingresos para los grupos de delincuencia organizada.

Aunque la cooperación en seguridad entre los tres países y Estados Unidos seguirá fortaleciéndose, sigue sin abordar las brechas de gobernanza que permiten la expansión de estos grupos y el riesgo de que actores estatales continúen colaborando con ellos.