Cloacas normativas

En el mercado libre sólo los negocios que consiguen el favor de sus clientes y generan un retorno para sus inversionistas permanecen en el juego. Esto no sucede con las empresas estatales, que pierden dinero sin consecuencias y maltratan al consumidor cautivo por el monopolio. ¿Acaso al iluminado que confiscó un bloque petrolero hace ya dos décadas le pasaron la cuenta de los daños ordenados por un tribunal arbitral? ¿Y se la pasaron a los del gobierno digno y soberano que empeñó petróleo a una fracción de su costo para endeudarse a tontas y a locas? ¿Alguien rinde cuentas por dos décadas de caída sostenida de la producción petrolera, por la falta de capacidad de refinación de combustible o el déficit estructural de generación eléctrica? Uno que otro caso termina con una condena, pero mientras no se extirpen los laberintos cloacales creados por la promiscuidad regulatoria, seguirán abundando las ratas.

Hay cambios que puede hacer el Ejecutivo

Y como el aparato público se expande incesantemente por esa suerte de ley de la gravedad burocrática, la arquitectura funcional del Estado, que es una maraña de roles superpuestos concebida para diluir responsabilidades y trabar decisiones, cuando no para tarifar atajos, se ha convertido en lastre del desarrollo y amenaza de cualquier iniciativa. En esos feudos públicos nadie se hace cargo de nada, no se tienen en cuenta los intereses del accionista, pues no existe, lo que es de todos -muletilla populista-, no termina siendo de nadie; ni tampoco se piensa en el consumidor o ciudadano, a quien más bien se mira como sujeto a controlar con inventos kafkianos y a esquilmar con tributos.

Podría decirse que esta suerte la tiene bien merecida la mayoría de la población que aprobó con pueril y suicida entusiasmo la Carta de la Servidumbre fraguada en Montecristi, como podría decirse, también, que el gobierno actual heredó estos problemas y no está en su mano corregir la estatización constitucional de los sectores estratégicos. Sin embargo, sí depende del Ejecutivo la creación o extinción de empresas públicas, la reducción radical del aparato público, plagado de ministerios, secretarías, agencias e infinidad de órganos parasitarios y corruptos, la simplificación de procesos e incluso, dado el control en la Asamblea, la reforma de leyes que permitan la gestión privada dentro del margen constitucional, que en mucho aspectos ha sido empeorado con la legislación secundaria.