La decisión del presidente de la República de echar al traste la Ley de Comunicación, quita la gran mordaza que el correísmo y sus aliados de Pachakutik quisieron volver a imponer a la prensa. La decisión vuelve a ratificar el compromiso del mandatario con la libertad de expresión en el país.

No obstante, el marco legal, pese a sus varios procesos de reforma, sigue conteniendo aspectos que no se ajustan a la realidad ecuatoriana de los medios de comunicación. Con ello, los asambleístas que votaron a favor de las recientes reformas vuelven a confirmar que leyeron la propuesta sin comprenderla, más aún cuando se trata de regular el quehacer de la comunicación social. Pesa más el apego político que la realidad. De acuerdo con la ley, por ejemplo, ningún medio de comunicación impreso es de carácter nacional porque sencillamente ninguno cumple con el parámetro de cobertura del 30 % de la población. Hay tantos ejemplos que demuestran el desapego de la realidad, que es difícil dejarlos sentados en este escrito. Que la norma ya no tenga ese carácter sancionador es bastante, pero aún falta ajustarla a la actualidad y al acontecer nacional, siempre pensando en un mejor y más efectivo ejercicio de la libertad de expresión, no como una herramienta para callar a los medios que le son incómodos al poder nacional o local.