Existe la presunción de que, con el tiempo y la modernización, la calidad de los servicios prestados por las instituciones de gobierno debe mejorar, ser más eficiente y, en definitiva, provechosa para el usuario. Lamentablemente, es un supuesto equivocado pues, a pesar de la modernización y las proclamas de las instituciones y autoridades, la calidad de los servicios ha declinado en forma substancial.

Pocos años atrás, el Registro Civil era reconocido por su agilidad; el Municipio atendía trámites que, a diferencia de lo actual, no eran pagados; la emisión de pasaportes era de lo más eficiente, como lo era también la renovación o recuperación de licencias. Paradójicamente, donde hoy hay computadoras y sistemas, había máquinas de escribir, muchas de ellas mecánicas, y las imágenes estaban en los inicios de la digitalización. Todo aquello se ha perdido, cuando al mismo tiempo los costos de sostener el gasto burocrático han subido en forma exponencial e insospechada.

Es una involución fatídica que, además de las molestias e inclusive el maltrato al usuario tiene altos e injustificados costos que inciden sobre la productividad y las posibilidades de mejor utilizar los dineros de los contribuyentes.