Eliminación de la Unidad Anticorrupción genera cuestionamientos por su impacto en la justicia

La justicia requiere precisión, no improvisación. La eliminación de la Unidad Anticorrupción y contra el crimen organizado por parte del Consejo de la Judicatura desmantela una estructura clave para juzgar delitos de alta complejidad y vulnera la independencia institucional.

Atribuir la redistribución de jueces a la carga procesal desconoce el origen de una judicatura especializada. Creada con apoyo técnico e internacional, esta dependencia nació para garantizar la imparcialidad y proteger a los magistrados de presiones delictivas locales. Dispersar este capital humano hacia juzgados ordinarios diluye el conocimiento técnico y compromete la calidad de los fallos.

Tampoco puede eludirse la responsabilidad de la cúpula de la Corte Nacional de Justicia, cuyo rol incide en el rumbo de estas resoluciones. La falta de socialización y los argumentos administrativos presentados son insuficientes para justificar este debilitamiento.

Frente al crimen organizado, más especialización

Frente al crimen organizado, la solución jamás será menguar la especialización. Un sistema judicial que diluye sus barreras técnicas se expone al colapso, a la nulidad de causas y a la impunidad. El Consejo de la Judicatura está a tiempo de corregir un paso en falso que compromete el Estado de derecho.