Los constantes problemas viales son el resultado de años de negligencia, falta de previsión y de una arraigada corrupción que ha mermando gravemente los recursos destinados a la infraestructura pública. Los últimos incidentes en las vías Cuenca-Molleturo y a la Costa, que dejaron a numerosos viajeros atrapados, no solo evidencian la urgencia de una solución inmediata, sino que también resalta la continua ineficiencia que caracteriza a la gestión pública.

Las consecuencias de estas deficiencias no se limitan a la mera frustración o al inconveniente temporal; tienen un impacto directo y duradero en el tejido económico. Los problemas viales no solo disuaden a los visitantes potenciales, desmotivándolos de viajar, sino que también ponen en peligro la viabilidad económica de las comunidades que dependen del turismo.

Es imperativo que el Ministerio de Obras Públicas y las prefecturas, entidades encargadas de la administración de la red vial nacional, adopten un enfoque más riguroso y comprometido hacia la planificación y ejecución de obras necesarias para garantizar la estabilidad y la expansión de la infraestructura vial. La falta de acción es inaceptable y resulta insostenible, pues retrasa el desarrollo nacional y compromete la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.