La preparación en todos los campos continúa faltando en Ecuador y de ello son responsables todos y cada uno de los diversos niveles de gobierno, desde el nacional hasta el parroquial.

Aunque algo se ha avanzado en la creación de protocolos en caso de ocurrencia de terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, nada se ha hecho para preparar a la población en materia de seguridad y acerca de cómo reaccionar ante ataques de bandas criminales o de terroristas, que podrían ocurrir en cualquier momento en el territorio nacional por la situación de violencia y criminalidad existente.

Los ataques a las instalaciones de un canal de televisión en Guayaquil, instalaciones policiales y otras entidades públicas, incluidas casas de salud, dejaron en evidencia las fallas de vigilancia y de control en la infraestructura pública y privada. No basta con la limitación de accesos a las instalaciones militares y policiales, sino también a las instalaciones del Ministerio Público y de las Cortes de Justicia, como ocurre en países vecinos.

La declaratoria de guerra interna que hizo el presidente de la República debe incluir la preparación de protocolos de seguridad para proteger la integridad de los ecuatorianos y de los bienes públicos y privados. Y hay que hacerlo ahora.