Que funcionarios públicos y políticos asuman responsabilidades por sus actos es un pilar fundamental sobre el que se asientan el buen gobierno y la ética del servicio público. Cuando estos no lo hacen así, ni admiten sus errores, el ejercicio de la función pública se deteriora y los mandantes pierden la confianza, en ellos y en todo el sistema democrático. Este mal es común entre casi todos los políticos y funcionarios de Ecuador; en consecuencia, cada vez es menor la confianza que la sociedad tiene en el sistema político existente.

Lo que ocurrió luego del más reciente deslave en el sector de La Gasca en Quito, cuando las autoridades municipales hicieron proselitismo con la desgracia en lugar de señalar los errores de prevención cometidos durante su gestión, es un claro ejemplo de ello. O cuando hubo inundaciones en sectores de la costa, donde se supone que hay obras para evitarlas. Asimismo, los partidos políticos que auparon y protegieron a operadores que luego salieron expuestos en escándalos como el caso Metástasis o Purga, jamás asumieron su responsabilidad en las meteóricas carreras políticas de sus apadrinados. Su actitud representa un desprecio por la opinión pública y un irrespeto a los contribuyentes, que son quienes pagan sus ingresos.

Sin responsabilidad pública la democracia no tiene futuro.