Los asesinatos de funcionarios públicos, víctimas de la violencia criminal y de la corrupción que azota al país, van camino a la impunidad porque ni el Ministerio Público ni la Policía están haciendo lo suficiente y necesario para descubrir los motivos y sus autores materiales e intelectuales.

El hecho de que una parte de las víctimas trabajen o hayan laborado para los gobiernos locales o sus empresas públicas debe encender las alarmas sobre la debilidad y vulnerabilidad que existe en la administración pública, que no se salva de la infiltración de la delincuencia organizada.

La experiencia de otros países hace sospechar que en el Ecuador los municipios y las prefecturas también son un punto de ataque de las organizaciones criminales, que buscan de todas las formas posibles acceder a áreas de información de su interés para el lavado de activo a través de la contratación pública.

Los crímenes también pueden convertirse en mensajes de terror para los servidores públicos, para obligarlos a ejecutar prácticas ilegales camufladas en obra pública o prestación de servicios.

Urgen las investigaciones de los asesinatos de servidores públicos para descubrir a quienes están detrás de las acciones criminales y detectar sus intenciones.