La débil estructura institucional, más el irrespeto a las leyes vigentes y la falta de medidas de control han sido los ingredientes esenciales para el cóctel molotov que ha elevado a la corrupción a proporciones inimaginables en Ecuador.

La inestabilidad política también ha sido un factor determinante para que integrantes del máximo órgano de creación de leyes, la Asamblea Nacional, y administradores de justicia -jueces y fiscales- ahora sean los verdugos que legislan a favor de los intereses corruptos de quienes atentan contra la seguridad del Estado y se apoderan del dinero de todos los ecuatorianos.

Un aumento de las remuneraciones de los servidores públicos, entre ellos los asambleístas, jueces y fiscales, podría ser una de las formas para evitarles la tentación de ingresar a las redes de corrupción y a grupos criminales, los cuales siempre encuentran la manera de incorporar a sus filas a quienes están dispuestos a obtener dinero fácil a cambio de favores.

El aumento salarial debe estar obligadamente acompañado de un incremento de los requisitos para ser candidato a asambleístas y a otras funciones del Estado, o participar en concursos de mérito y oposición para jueces y fiscales. La moralización integral debe ejecutarse desde las más altas esferas del poder.