Diez días para volver a las reglas
La Comunidad Andina ordenó a Ecuador y Colombia eliminar restricciones comerciales tras caída del 44% en el comercio bilateral, y el plazo vence el 21 de mayo

Ecuador impuso una tasa de control aduanero a mercancías colombianas y concentró su ingreso terrestre por Rumichaca. Colombia respondió con aranceles recíprocos y restricciones.
La tensión comercial entre Ecuador y Colombia volvió actual a la Comunidad Andina. Esta nació en 1969 bajo el Acuerdo de Cartagena, como Pacto Andino, para promover el desarrollo compartido mediante reglas comunes de integración. La fundaron Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú; Venezuela ingresó en 1973. Chile salió en 1976 y Venezuela en 2006.
Para Ecuador, la CAN es mercado, insumos, manufactura, empleo y valor agregado. En 2024, el comercio intracomunitario andino ascendió a US$ 9.152 millones. En 2025 las exportaciones no petroleras hacia Colombia alcanzaron US$ 868 millones.
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Su regla central es el Programa de Liberación. Los productos de sus miembros deben circular sin gravámenes ni restricciones indebidas, es decir, sin recargos que encarezcan la importación ni medidas que la impidan o dificulten.
En enero, Ecuador impuso una tasa de control aduanero a mercancías colombianas y concentró su ingreso terrestre por Rumichaca. Colombia respondió con aranceles recíprocos y restricciones a productos ecuatorianos. En febrero, el comercio bilateral cayó 44 %.
Cuenta regresiva para eliminar los aranceles
Mediante las resoluciones 2581, 2582 y 2583, publicadas el 7 de mayo, la CAN ordenó a ambos países retirar medidas en diez días hábiles. Salvo feriados aplicables, el plazo vencería el 21 de mayo. Incumplir no genera una multa automática, pero puede llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y derivar en restricción o suspensión de ventajas comerciales.
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La CAN no está para decidir qué gobierno tuvo razón, sino para recordar que los países aceptaron reglas comunes. La seguridad fronteriza es legítima y urgente; pero si se la persigue debilitando el comercio formal, no necesariamente gana la seguridad. Puede ganar la informalidad.
El daño está hecho. Contratos perdidos, rutas alteradas y mercados que pueden no recuperarse. La salida no es ganar una disputa jurídica, sino construir una solución binacional. Cumplir las resoluciones e instalar una mesa técnica de negociación, con comercio, aduanas, seguridad, transporte y sector privado, agenda, plazos, responsables y resultados medibles. Más inteligencia aduanera; menos medidas generales que castigan al que comercia formalmente.