El título universitario exprés

La educación universitaria no puede convertirse en un privilegio moldeable al poder político, económico o mediático. Una universidad que permite que sobre uno de sus títulos existan sospechas, opacidad o dudas razonables, dinamita su credibilidad. Y eso es lo que hoy ocurre con la Universidad Hemisferios y el cuestionado proceso de graduación de Lavinia Valbonesi.

Debate sobre méritos, requisitos y rigor académico

Aquí no se debate si una mujer tiene derecho a estudiar, superarse o graduarse. Ese derecho es indiscutible. Lo que se cuestiona es un proceso de homologación que permitió obtener una licenciatura en Comunicación Social en apenas nueve meses. Frente a eso no bastan argumentos emocionales ni defensas políticas.

Que la Primera Dama haya trabajado ayudando a mujeres vulnerables, realizado labor social o desarrollado presencia en redes sociales, no equivale automáticamente a cumplir con la rigurosidad académica que exige una carrera universitaria.

No se le otorgó un reconocimiento honorífico ni un diploma de voluntariado: se le entregó un título profesional que acredita competencias académicas específicas. Y eso obliga a que el proceso sea transparente, verificable y ajustado a la ley.

¿Privilegios en la educación superior en Ecuador?

El problema se agrava cuando el propio Daniel Noboa intenta justificar el título apelando a méritos personales o humanitarios. Ese discurso no responde la pregunta central: ¿se cumplieron o no los requisitos académicos que cualquier ciudadano debe cumplir? Porque en Ecuador existen normas claras para homologaciones, validaciones y reconocimientos de trayectorias profesionales. Si esas reglas se flexibilizan para quienes están cerca del poder, entonces dejan de ser reglas y pasan a ser privilegios.

Miles de jóvenes ecuatorianos pasan cuatro, cinco o más años estudiando, madrugando, endeudándose y sacrificándose para conseguir un título universitario. Por eso resulta inevitable que exista una percepción de desigualdad e injusticia.

Mientras unos atraviesan procesos largos y rigurosos, otros parecen encontrar atajos institucionales difíciles de explicar. Y el daño sobrepasa a la persona o a la universidad. Golpea a todo el sistema de educación superior, ya bastante cuestionado por su calidad y controles.

El llamado urgente es para que el Consejo de Educación Superior, revise con absoluta independencia si el procedimiento cumplió cada requisito legal y académico.