Dicen los directores de teatro que la parafernalia no puede eclipsar al acto de fondo. Los productores musicales insisten en usar bambalinas y humo de colores, pero solo para preparar al espectador ante lo que viene. Desafortunadamente no siempre es así y en tiempos de redes sociales, el escándalo suele difuminar lo valedero. Equiparo estas reflexiones a lo ocurrido alrededor de la excusa formal de Pascual Del Cioppo como embajador del Ecuador en España y del show que se armó por su salida, sin que exijamos como ciudadanos respuestas y explicaciones imposibles de ignorar.

A Del Cioppo se le fue la lengua hablando de un tema que viene de años atrás. Pero él no mintió. Solo no disfrazó la realidad con bonitas palabras y verdades a medias. Así, ante el periódico OKDiario reconoció que el Estado ecuatoriano ha beneficiado a políticos españoles. Sus declaraciones removieron el avispero y le costó la renuncia. En las filas de Cancillería hubo risas apagadas, pues es conocido el disgusto de los diplomáticos de carrera ante las llamadas cuotas políticas. Solo que este escándalo no puede y no debe quedarse como tal.

Tenemos derecho a saber los detalles de los contratos con la empresa Kinema, vinculada al partido Podemos. Tenemos derecho a saber cuánto se pagó, por cuánto tiempo y qué montos iban a ese movimiento político español, tan cercano al correísmo. E insisto en que tenemos derecho porque los dineros que se han usado son del Estado, entiéndase, de todos los ecuatorianos.

Cuando la Cancillería aclara al entonces flamante embajador Del Cioppo diciendo que el presidente Lasso no ha emitido instrucciones sobre los contratos y que “menos ha ordenado ocultar los pagos...”, deja un mar de dudas sobre el manejo de fondos estatales.

Si bien Kinema dejó de recibir dinero de la Embajada ecuatoriana en 2016, otra empresa la sustituyó con iguales vínculos políticos, y actuando una vez más como colaboradora, la esposa del embajador ecuatoriano Miguel Calahorrano. Así, Ana Peñaranda fue parte de Kinema y también de Mi País Consultores SL, la empresa que continuó, en teoría, asesorando a ecuatorianos afectados por los desahucios.

La esposa del embajador estaba vinculada al movimiento Ganemos Murcia, cercano a Podemos.

Lo que la Cancillería ecuatoriana no hace, lo adelanta España, a través de diputados de Vox, opositores a Podemos. Han hecho una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, al considerar delito la financiación de un gobierno extranjero (Ecuador) a un partido político español.

¿Al Ecuador no le parece un delito? ¿Los ecuatorianos debemos seguir esperando a que todo esto se ventile nomás en cortes españolas?

El canciller Montalvo ha sido tibio en sus declaraciones al respecto. Confirmando únicamente que los contratos existen y con cláusulas de confidencialidad. Me pregunto si es dable el secreto con el manejo de recursos que no son privados sino públicos. Es legítimo reclamar por el dinero que se destinó y hasta qué montos recibieron, de forma indirecta, políticos españoles amigos del correísmo.

Sería bueno saber cuántos ecuatorianos lograron salvar sus casas gracias a la asesoría de las empresas vinculadas a Podemos. Sería bueno que el exembajador diga todo lo que descubrió.

A los 100 días del Gobierno del encuentro, las formas están bien, pero pisemos a fondo.