Los círculos viciosos, el de la injusticia y de la corrupción, continúan intactos, a pesar de los esfuerzos de moralidad que anuncie el Gobierno central o cualquier otra función del Estado. Aquí no valen las palabras necias y los oídos sordos sino los hechos y las acciones concretas, que destruyan las estructuras delictivas que están al servicio de las mafias y de los criminales de toda índole.

Siguen intactas las mafias porque no se ha hecho absolutamente nada para desbaratarlas y destruirlas desde sus cimientos; no se han cortado tampoco sus fuentes de financiamiento ni sus canales de comunicación. Hay que evidenciar y encarcelar a las manzanas podridas de la Función Judicial, ya sean estos jueces, fiscales, secretarios y demás funcionarios de la administración de justicia del país, que con desparpajo dejan libres a los asesinos, delincuentes y demás antisociales, con el argumento de que no hay pruebas para procesarlos.

Hay que desenmascarar a los policías y militares infiltrados en la fuerza pública, que a través de los puestos de mando que ocupan obstaculizan el trabajo de quienes sí sirven al país. Son estos malos elementos, con piel de cordero, los que intencionalmente se equivocan en las cadenas de custodia de las pruebas o en la elaboración de los informes que sirven de sustento para el encarcelamiento de los detenidos. Y es de esta forma que los policías y los militares continúan realizando operativos en los que detienen a supuestos terroristas que pronto son puestos en libertad por jueces corruptos que alegan falta de evidencias.

El reporte militar del 9 al 28 de este mes precisa la ejecución de 51.206 operativos a nivel, con 4.181 detenidos, de los que no se sabe cuántos recuperaron su libertad. ¿Quién hace el seguimiento de esas operaciones y de su efectividad en el ámbito de la judicialización de los casos? Seguramente nadie, porque esa es la estructura que falta complementar para que algo funcione en el Ecuador.

¿De qué sirven las detenciones si las libertades de los aprehendidos llegan pronto? El país está viviendo el más grande descrédito de la justicia porque tan podrido está el sistema, que la moralidad solo es posible con el nombramiento integral de nuevos jueces y fiscales en todas las provincias del país.