Las posturas tomadas por la bancada del movimiento político RC5 y la del PSC en el debate sobre el proyecto de ley conocido como Ley de Extinción de Dominio Anticipado, cuyo nombre para el debate como proyecto de ley económica urgente es “Ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos, para el financiamiento en la lucha contra la corrupción”, generan suspicacias.

En el entendido de que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes para que legislen en favor del desarrollo y protección de la sociedad, cabría el símil imaginario entre los integrantes de un gallinero que eligen al lobo como protector y los ciudadanos que eligen políticos corruptos.

El símil destaca la ironía de confiar en aquellos que pueden ser perjudiciales. Ambos casos reflejan la posibilidad de obtener resultados opuestos a los esperados, ya que el depredador o político corrupto puede aprovecharse, en lugar de proteger y liderar hacia el desarrollo. La comparación subraya la importancia de elegir líderes con integridad y responsabilidad.

Resulta curioso que la extinción anticipada (sin sentencia previa) sea solo aplicable a los casos ligados a la delincuencia organizada, y no a los de corrupción de funcionarios o exfuncionarios públicos inmersos en supuestos actos de corrupción.

Se calcula que en la década correísta, gobierno nacional y seccionales, los corruptos se embolsicaron 70 mil millones de dólares.

Estructuralmente la corrupción es similar a la delincuencia organizada, así se lo determinó en el caso Odebrecht y/o Lava Jato, por poner un ejemplo; por lo que resulta sospechoso que pese a aquello se hayan dejado de lado los bienes mal habidos por funcionarios públicos corruptos. ¿Será que en este caso en que los gamonales de las tiendas políticas mencionadas tienen rabo de paja, por lo cual mejor prefieren alejarse de la candela? Si en verdad lucharan contra la corrupción, por transparencia y defendiendo los intereses del pueblo, debería aplicar aquello de que ‘el que nada debe nada teme’ e incluir como delincuencia organizada a los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.