Medardo Mora Solórzano | Crisis judiciales
Es inaceptable que un juez irrespete su alta misión de juzgador y atropelle la ley y la racionalidad
Si algún sector ha perdido la confianza ciudadana es la administración de justicia, pilar fundamental para la estabilidad de la democracia, la seguridad jurídica y personal, e incluso para la subsistencia del Estado.
Ella es la facultada para aplicar la ley y resolver conflictos entre las personas o entre estas y las instituciones del Estado. Al no aplicarla correctamente genera incertidumbres.
Los ciudadanos sienten que no tienen a quien acudir cuando son víctimas de la delincuencia o de una injusticia, o abuso de otros o de alguna entidad o funcionario público.
Los abusos cometidos por jueces venales e inescrupulosos han desacreditado al Poder Judicial, en el que existen muchos jueces honorables, pero es inaceptable que un juez irrespete su alta misión de juzgador y atropelle la ley y la racionalidad ‘haciendo lo que le da la regalada gana’, jugando con los derechos de la sociedad y el honor y patrimonio de todos.
Eso lo repudia el país cuando conoce de ‘jueces’ al servicio de la delincuencia organizada, enriqueciéndose ilícita e inmoralmente.
En cambio, los ciudadanos correctos están desprotegidos.
También hay jueces que responden a intereses políticos y se convierten en instrumentos de persecución de adversarios políticos, eso explica la necesidad de una justicia independiente.
En la actual infraestructura institucional del país hay dos organismos directamente vinculados a la crisis judicial, ambos han demostrado no son confiables: el Consejo de la Judicatura, organismo administrativo, de vigilancia y disciplinario de jueces y fiscales; y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que nombra los miembros del Consejo de la Judicatura, ambos enredados en regulaciones burocráticas y alarmante negligencia, manipulados por intereses politiqueros. El clamor nacional es eliminarlos.
¿Qué hacer?, es el interrogante. El año 1997 se hizo una consulta popular por la que se facultó que se designe una comisión de la sociedad civil organizada y reorganice el Poder Judicial. Esa comisión designó una Corte Suprema de Justicia bastante confiable, posteriormente reorganizada a gusto de los gobernantes de turno.
