pROCESO DE REMOCIÓN DE AQUILES ÁLVAREZ
¿Cuándo inicia la fase de pruebas en el proceso de remoción de Aquiles Álvarez?
La Comisión del Concejo de Guayaquil se alista para abrir el periodo de pruebas en el proceso de remoción, aunque el plazo de días hábiles aún no comienza
Aquiles Álvarez enfrenta un proceso de remoción en el Concejo de Guayaquil que se apresta a entrar en la fase de pruebas.
Los puntos claves
- La Comisión de Mesa prevé reunirse la tarde de este 1 de junio para resolver la apertura formal del periodo de pruebas dentro del proceso de remoción de Aquiles Álvarez.
- Los 10 días hábiles de la fase probatoria aún no han comenzado, ya que primero debe emitirse una resolución y notificarse oficialmente a las partes.
- Arturo Escala afirmó que el debido proceso y el derecho a la defensa están garantizados durante todas las etapas del procedimiento.
El proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, todavía no entra en su etapa de pruebas, pese a que el procedimiento ya se encamina hacia esa fase dentro del Concejo cantonal, según ha dado a conocer el presidente de la Comisión de Mesa, Arturo Escala.
A decir de Escala, el inicio del periodo probatorio no es automático y depende de un paso previo obligatorio: la emisión de una resolución formal y su posterior notificación a las partes involucradas.
Solo cuando esa notificación se concrete comenzará a correr el plazo de diez días hábiles establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Según Escala, este punto define el arranque real del proceso.
“Cuando se abre el término de prueba, todo corre desde que se notifica”, ha señalado el concejal, al insistir en que hasta ese momento el procedimiento no puede considerarse activo en esa fase.
En ese contexto, la Comisión tiene previsto reunirse este lunes 1 de junio por la tarde para analizar la documentación del expediente y definir la resolución que permitirá habilitar la etapa probatoria. Escala ha recalcado que existe consenso entre los integrantes del organismo para continuar el trámite conforme a la normativa vigente.
El concejal también ha sido enfático en que el proceso se desarrolla bajo garantías legales. “El debido proceso está garantizado”, ha reiterado, al defender la actuación de la Comisión frente a observaciones externas.
Notificación en el centro del debate
En paralelo al avance administrativo del caso, persisten cuestionamientos sobre la notificación realizada al alcalde mientras se encontraba privado de libertad.
De acuerdo con información del SNAI, el pasado 14 de mayo de 2026, en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, Aquiles Álvarez habría sido notificado dentro del centro de privación de libertad, pero se negó a firmar el documento.
Militantes del movimiento RETO también acudieron hasta Santa Elena días atrás, en apoyo al alcalde.
Según el organismo, que respondió a un pedido de información realizado por la concejala Ana Chóez sobre cómo se efectuó la notificación al alcalde dentro del proceso de remoción, el procedimiento se ejecutó con acceso completo para el funcionario encargado de la diligencia y sin restricciones para la defensa técnica del alcalde. También se indicó que no hubo impedimentos para la comunicación con sus abogados ni con su entorno familiar.
El SNAI además respondió a consultas sobre el protocolo aplicado en este tipo de notificaciones, asegurando que se respetaron las garantías del debido proceso.
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Pedido de veeduría ciudadana
En medio del escenario político y administrativo, la concejala Ana Chóez planteó la posibilidad de conformar una veeduría ciudadana que supervise el desarrollo del proceso de remoción.
Su propuesta busca reforzar la transparencia del trámite y acompañar la evolución de un caso que se mantiene bajo alta atención pública en Guayaquil.
La edil hizo cinco consultas al SNAI:
- ¿Aquiles Álvarez fue efectivamente notificado dentro del centro de privación de libertad?
- ¿Existió negativa expresa del alcalde a recibir o suscribir la notificación y en qué circunstancias se produjo?
- ¿Se garantizó la presencia o acceso de los abogados defensores al momento de la diligencia?
- ¿Cuál es el protocolo aplicado por el SNAI para la práctica de notificaciones judiciales o administrativas a personas privadas de libertad y las garantías para asegurar el derecho a la defensa?
- ¿Existió alguna restricción o impedimento para que el alcalde pueda otorgar autorización a su defensa técnica?
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