No tienen principios ni claridad de lo que significa el bien común. Se jactan de ser supuestamente académicos y no son más que politiqueros que pasan sus días, desde 2017, instalando narrativas creativas para salir, una y otra vez, de tanto escándalo que los rodea.

Como lo dijo Roberto Aguilar en una brillante columna la semana pasada en este mismo medio, al correísmo se le cayó la cantaleta del ‘lawfare’ de las manos, y no se le ocurre nada nuevo. Los escándalos de corrupción de una década, en la que el autoritarismo construyó una especie de búnker de impunidad que parecía que nunca se rompería, sacuden a toda la estructura de aquel gobierno.

Una coincidencia: en esa exacta década, el expresidente Correa tuvo el mismo contralor por 10 años. Dice que no lo conocía, pero es claro que tras finalizar su gestión era de su entera confianza.

Indigna leer los detalles del juicio de Pólit. Aunque es positivo que los pillos por fin paguen por sus fechorías, así sea en una corte extranjera, decepciona que muchos siguen libres y el dinero robado no retorne al Estado ecuatoriano. Incluso los testigos y cooperadores gozan de impunidad después de reconocer que participaron de una estructura corrupta.

Y más indignación provocan las declaraciones de los líderes del partido de Correa, la autodenominada “Revolución Ciudadana”, en las que piden, sin ninguna vergüenza, que los miembros del partido que tengan un cargo público aporten con una parte de su salario para lo que ellos llaman “el proyecto”.

No hay que asombrarse: es un nuevo símbolo de cómo manejaron los recursos públicos y de la forma en que funcionaba “el proyecto”. Por “el proyecto” hay que defender a corruptos, sin importar las pruebas. Por “el proyecto” viajó hace unos años un exministro a verse con Pólit para negociar su salida. Por “el proyecto” hay que cobrar diezmos a quienes trabajan en cualquier entidad pública.

Y no hay diferencia alguna entre pedir aportes al “proyecto” a funcionarios públicos, con pedir a los contratistas de obra pública aportes para la campaña. Cuando se trata de apoyar al “proyecto”, los que se juran revolucionarios justifican hasta los aportes de economías criminales.

Y no falta quien ceda. En los casos de funcionarios públicos que ceden ante las extorsiones, el miedo a quedarse sin trabajo hace que prefieran dar un porcentaje de sus ingresos a sus vacunadores para supuestamente financiar al partido.

En el caso de grandes empresas privadas, cedieron también, como lo muestra el caso Arroz verde. Las extorsiones no solamente eran para las campañas, sino también para ¡un fondo de emergencias para los funcionarios del “proyecto” que tenían necesidades! Hasta el expresidente Correa cobró de ese fondo, pero, ‘honesto’ como es, devolvió luego ese dinero.

Y es que no hay diferencia entre el dólar para el proyecto o el 10 % de cada contrato público. Cuando se pierden los principios por un supuesto proyecto, también se pierde la ejemplaridad. El daño está hecho: hoy esas extorsiones no son patente del correísmo, sino que migraron a muchos partidos y políticos de otras corrientes. Nuestro país cambiará cuando tenga líderes con escrúpulos que hagan de la ejemplaridad su lucha.