Era junio de 2022 y el Ecuador vivía momentos de profunda violencia debido a los actos de terror liderados por Leonidas Iza, especialmente en Quito. Más allá del ataque a dos embajadas (Francia y Egipto), hubo un lamentable suceso de enormes proporciones: el asalto en la vía a Calacalí a un convoy militar que buscaba abrir paso a camiones que transportaban víveres y medicinas.

No habían manifestantes indígenas. Los reportes dictaminaron que esta acción criminal que dejó graves heridos fue ejecutada con el uso de armas de grueso calibre en poder de una banda conformada por personas de Venezuela, probablemente ligadas al Tren de Aragua, que operaban en el Ecuador bajo otra denominación.

El Tren de Aragua ya había sonado en Ecuador en octubre de 2019, en los actos terroristas que paralizaron nuestro país en ese momento. Su presencia también había sido denunciada por el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, y el expresidente de Colombia, Iván Duque, en los actos terroristas de Santiago y de Bogotá.

Hace pocos días, el prestigioso académico argentino, Héctor Schamis, escribió acerca del asesinato del teniente coronel Ronald Ojeda, oficial venezolano que se había fugado de una cárcel en su país y que tenía un estatus de refugiado en Chile. Su muerte en extrañas condiciones en territorio chileno ha sido atribuida por su entorno a la operación del Tren de Aragua.

Sobre Venezuela, Schamis asegura que “el régimen chavista siempre se apoyó en organizaciones paralelas no-estatales, colectivos motorizados, paramilitares, bandas delictivas en las prisiones o el crimen organizado. Funciona en colusión con ellos y con diferentes grados de integración. Los vínculos entre sí no son accidentales, son orgánicos. Es la fusión de la violencia del Estado, el control territorial y los extraordinarios recursos que se originan en el tráfico de drogas y personas, la minería ilegal y el contrabando de gasolina”.

Es evidente que la dictadura de Nicolás Maduro está sostenida por la operación de estructuras criminales. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, acaba de declarar con la frontalidad y entereza que lo caracterizan, que Venezuela vive una dictadura, tras la imposibilidad de que María Corina Machado sea inscrita como candidata y de que se haya apresado a más opositores políticos.

La comunidad internacional no puede dejar de presionar por una salida democrática inmediata en Venezuela. Los procesos contra la dictadura venezolana en la Corte Penal Internacional siguen adelante.

El chavismo tuvo en el Socialismo del Siglo XXI de Ecuador, su sucursal. Hoy tiene a varios exfuncionarios de esa época como asesores del régimen de Maduro en Caracas. También muchos exministros, prófugos de la justicia operan desde allí para desestabilizar al actual régimen del presidente Noboa.

Los casos Saab, Sucre, entre otros, fueron denunciados en su momento por Fernando Villavicencio. Los jueces que absolvieron a quienes participaron en el caso Saab, hoy están presos por el caso Metástasis.

Las acciones de la dictadura venezolana tienen una implicación directa en nuestra democracia y por ello el Estado ecuatoriano, en su conjunto, debe tener una alerta permanente de lo que esto implica.