Puertas giratorias
Estos casos nos recalcan la importancia de crear prohibiciones a los servidores públicos, aplicables durante y después del ejercicio de sus cargos.
Con mayor frecuencia en el sector público, particularmente la banca pública, las derrotas judiciales están a la orden del día. En unas se pretende evitar el cobro de deudas millonarias; en otras, obtener el pago de indemnizaciones, también millonarias. Estos atracos con pistola ‘calibre judicial’ ocurren por vía de las acciones de protección y, más escandaloso aún, bajo el patrocinio de abogados que previamente trabajaron en la propia institución a la que hoy demandan.
Para dar el zarpazo, resulta que algunos grandes deudores de plata pública y otros que lograron convertirse en acreedores a base de fraudes , ‘contratan’ la mejor defensa que pueden pagar: exfuncionarios -sin pudor ni ética- que valiéndose del cargo que tuvieron, hoy saben dónde y cuándo atacar.
Esto no se trata de un vulgar tráfico de influencias encubierto del legítimo derecho al trabajo. Se trata -por ejemplo- de exjefes de coactiva que hoy defienden a quienes antes (mal) ejecutaban. ¿Será que siempre trabajaron para ellos? ¿Será por eso que nunca lograban cobrar o lo hacían sembrando vicios para anular esa cobranza a futuro?
Lo mismo ocurre en otras funciones del Estado. Es común ver en la Función Judicial a exfiscales, exjueces o exsecretarios pulular por los pasillos internos de las cortes en búsqueda de favores que satisfagan a sus clientes. Luego de sus opacas carreras judiciales se convierten en operadores de ‘milagritos’ judiciales y en facilitadores de coimas. Desde luego, prevalidos de la complicidad o el compadrazgo que cultivaron durante sus años en funciones.
Estos casos nos recalcan la importancia de crear prohibiciones a los servidores públicos, aplicables durante y después del ejercicio de sus cargos. Es necesario establecer restricciones temporales al ejercicio de ciertas profesiones luego de haber ocupado puestos altamente sensibles. Y no sería algo nuevo, pues similares impedimentos se aplican a exfuncionarios de organismos de control del mercado de valores quienes, por el lapso de dos años, están impedidos de gestionar ante estos órganos a favor de entidades sometidas a su regulación.
En definitiva, urgen reformas legales para restringir y sancionar penalmente estas ‘puertas giratorias’. Quizás esto frene a esos pillastres que salen de una institución dejando problemas y después regresan encañonando ‘soluciones’.
