Un Cristo sin consuelo
Hoy, la crisis requiere que esto cambie, extremar medidas, repensar instituciones...’.
Lo ocurrido en el Cristo del Consuelo es gravísimo y nos enluta, aunque no sea terrorismo. Este, por definición, tiene una fundamentación política: los ataques o actos de terror buscan ocupar el poder. Esa es la diferencia con el crimen organizado, que es lo que tenemos desbordado, me temo, en todo el país.
Desde luego, esto va ligado con el narcotráfico y sus actividades colaterales que, desde lo ilícito, echan raíces económicas, sociales y políticas. Ya vemos “vacunas” (pagos para evitar sufrir delitos), secuestros, bombas y, por si fuera poco, narcogenerales. Ahora hasta unos marinos venden la droga incautada.
Y si todo esto va mal, no esperemos que en las Cortes la cosa vaya mejor. Alias Morado - involucrado en el ataque explosivo- es cliente frecuente del sistema de Justicia y del turismo carcelario. De hecho, fue liberado hace poco dentro de un caso de tentativa de asesinato y tenía grillete electrónico el día del bombazo.
No voy a criticar esa decisión de los jueces. Eso sería miope. Lo digo porque es posible que ese fallo esté ajustado a derecho.
Atendamos al fondo: todo el sistema normativo apunta -con razón- a limitar el uso de la prisión preventiva, a que sea aplicada excepcionalmente, como último recurso. La Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia coinciden en eso. Y los jueces, todos, están obligados a cumplirlo. Esto pasa porque la finalidad de esta medida cautelar es garantizar la comparecencia del justiciable al proceso y el cumplimiento de la pena. No es la seguridad ciudadana. Tampoco impedir el cometimiento de otros delitos.
Hoy, la crisis requiere que esto cambie, extremar medidas, repensar instituciones... La finalidad de la prisión preventiva debe -al menos por un tiempo- también atender a criterios de peligrosidad, que tendrían que incluirse, según los casos, como una variable necesaria al momento de decidir sobre la libertad de una persona. El orden público no resiste que la ley permita que se libere a conocidos miembros de organizaciones narcocriminales y que los que terminemos pagando, con la vida, por esa libertad seamos todos.
Urge un parche constitucional para modificar esta realidad. Hacia allá debe apuntar una pregunta de la consulta.
