Cortapisas a la prensa libre
En el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación se intenta revivir aquel bodrio, planteando que la prohibición de censura previa vuelva a tener el mismo texto que el de la ley primitiva de 2013
Un mecanismo que la primitiva Ley de Comunicación, de junio de 2013, quiso usar para restringir la libertad de los medios de prensa privados fue poner cortapisas a sus directivos para su manejo. Así, por ejemplo, el art. 18 de aquella primitiva ley, concerniente a la prohibición de censura previa -asunto que por definición está dirigido a evitar que los poderes de turno interfieran en lo que los medios van a publicar- no solo proscribía tal censura cuando provenía de una autoridad o funcionario público, sino también de “cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión”, lo que traducido significaba que ni editores ni directores, cuyo trabajo consiste, precisamente, en efectuar aquellas revisiones o aprobaciones (o desaprobaciones), podían hacerlo sin transgredir la letra de tal ley.
Semejante intromisión en la indispensable libertad que los directivos de los medios privados deben tener para definir sus líneas informativas y editoriales (que es contracara de la responsabilidad ulterior por lo que se difunde), fue corregida con la reforma que a la Ley de Comunicación se hizo en febrero de 2019. Esta regresó las aguas a su cauce normal, estableciendo que la prohibición de censura previa se aplica solamente a autoridades o funcionarios públicos. Fin de la historia (en apariencia).
Pero hay gente porfiada. Sin disimulo (aunque sin media letra de explicación en la exposición de “motivos”), en el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación recientemente aprobado por la Asamblea -y que está en estudio del Ejecutivo para su veto- se intenta revivir aquel bodrio, planteando que la prohibición de censura previa vuelva a tener el mismo texto que el de la ley primitiva de 2013, de modo que nuevamente los editores y directores actuarían al margen de la ley por realizar nada menos que su trabajo, cual es revisar lo que se va a difundir, en forma previa, para aprobarlo o desaprobarlo.
Así, los medios privados tendrían responsabilidad, sin libertad. Lindo es el paisito.
