La crisis económica que enfrenta América Latina (AL) a consecuencia de la pandemia no es la típica recesión. Este año el producto en la región será 10 % menos de lo que se previó a fines de 2019, el desempleo está en dos dígitos y casi 15 millones de personas caerán en extrema pobreza. Peligran dos décadas de progreso en la reducción de pobreza y desigualdad. Con el colapso del estándar de vida es probable que se repita la ola de agitación social previa a la pandemia.

Durante la fase inicial de la crisis de COVID-19, la prioridad de la mayoría de gobiernos consistió en proteger la vida y el sustento. Encauzaron recursos al sector sanitario, entregaron subsidios a empresas y transfirieron fondos de emergencia a los hogares. Este enfoque fue correcto pero a medida que las economías se van reabriendo es necesario dar un giro en las políticas y los cambios necesarios son políticamente difíciles. 

Existe el riesgo de que la región se mueva en la dirección opuesta, con crisis fiscal inminente, recuperación lenta y destrucción permanente de empleos de calidad, lo que profundizará la dualidad del mercado de trabajo. AL ha enfrentado de manera adecuada el impacto macrofinanciero de la pandemia. Pese a la fuga de capitales que debilitó las monedas locales, la región evitó el colapso financiero y la mayoría de países ha mantenido acceso a mercados financieros internacionales. Pero el efecto de la pandemia sobre la economía real ha sido devastador: innumerables empresas, grandes y pequeñas, quedaron sin liquidez y se vieron obligadas a cerrar. 

El crecimiento potencial de la producción va a sufrir a medida que las firmas quiebren y sea necesario reestructurar sectores enteros. Esto hará más difícil revertir el aumento del desempleo, pobreza y desigualdad, y volverá inmanejable la tarea de equilibrar las cuentas fiscales y estabilizar la deuda pública. La política monetaria no convencional no será suficiente para garantizar la recuperación. Se requieren planes de precisión quirúrgica que estimulen la demanda y contribuyan a relajar las restricciones a la oferta y a mitigar el estrés financiero en las empresas. El apoyo a los trabajadores debe ser diseñado de modo que fomente el empleo formal. Los gobiernos deberán invertir en salud, educación e infraestructura para ayudar a que firmas y hogares se adapten a la nueva normalidad. La colaboración público-privada las relaciones industriales estables serán esenciales. El obstáculo final es político. 

Varios países de la región han pagado caro las actitudes populistas de gobernantes que minimizaron el peligro del virus. Vivimos desafíos de gran seriedad, que exigen líderes serios. Para AL la pandemia ha constituido un doloroso recordatorio del alto costo de permitir que los Estados sean ineficientes y que los mercados laborales permanezcan injustamente segmentados. La crisis ha profundizado antiguas desigualdades y creado nuevas. La inversión en infraestructura continúa baja y la diversificación de las exportaciones es insuficiente. 

La inacción no es una alternativa, AL no puede sufrir otra década perdida. A medida que la región entra en un nuevo ciclo electoral, los candidatos tendrían que ponerse de acuerdo en torno a algunos principios básicos para emprender las imprescindibles reformas. La crisis actual es una oportunidad que la región no debe desperdiciar.