En una pasada columna a inicios de este año puse un poco en relieve las ficciones con las que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a vivir y hacemos poco o nada por trasladarlas a la orilla de la realidad. Centros de Rehabilitación Social que son adiestramientos del crimen. Gobiernos Autónomos Descentralizados que no son autónomos. Una construcción de democracia con actores como partidos políticos y el Consejo Nacional Electoral, que no cumplen su rol y desdibujan totalmente ese concepto primordial en una república.

Todo eso es ficción, a la que ahora se suma la distorsión. Funcionarios públicos que percibieron a diciembre del 2023 un salario (incluidos décimos mensualizados, horas extras y subvenciones) exorbitantes. Un jefe de Tesorería de la Corporación Eléctrica del Ecuador en Esmeraldas que recibió una remuneración 13 veces mayor a la que percibe el presidente de la República. Esta distorsión es algo que nos debe invitar, al menos, a pensar y cuestionar. Con las debidas distancias y marco legal diferente, la administración de un país y de sus empresas públicas debe acercarse bastante a la administración de una empresa privada, como mínimo en la parte financiera. Existen ingresos y egresos, y sobre la base del presupuesto se decide en qué invertir, si se puede o no subir salarios, si se debe recortar personal, etc. En ninguna empresa, desde la más modesta hasta la más grande, se concibe que el gerente, subgerente o coordinador o cualquier cargo inferior gane más que el presidente de la compañía. Pero eso sucede en las empresas públicas.

Es una distorsión total que puede estar revestida de legalidad, pero ello no le quita ese calificativo. Siendo Ecuador un país que se atrasa en el pago de salarios, que necesita dinero para honrar sus compromisos con los municipios y otros proveedores, entre otras obligaciones, no puede darse el lujo de contar con funcionarios públicos de mandos medios y bajos con sueldos dorados.

Sueldos proporcionales a las funciones y obligaciones que representa un determinado cargo público es lo más lógico. Definir un salario justo es indispensable en empresas públicas y en el resto de Funciones del Estado, porque una remuneración paupérrima es casi un empujón a caer en actos de corrupción.