Por la boca muere el pez
La cancelación por parte del CNE de partidos políticos fuera del plazo establecido en la ley es una violación al Estado de derecho en Ecuador

Con el adelanto de elecciones, el CNE solo tenía plazo hasta el 3 de abril de 2026 para la cancelación de organizaciones políticas.
“Y vuelve la doña al baile y con el mismo traje”. Es que el Concejo Nacional Electoral (CNE) no deja de sorprendernos ni en feriado; no se cansa ni nos deja descansar de sus ilegalidades.
En el derecho existe un principio elemental que figura en los primeros capítulos de cualquier manual de Teoría del Estado: en el ámbito público solo se puede hacer lo que expresamente está permitido, y el resto está prohibido; y la competencia tiene límites temporales que no admiten una prórroga caprichosa. Ese principio, conocido por cualquier estudiante de derecho, fue violado por el CNE y lo más perturbador es que lo hicieron a viva voz y con conocimiento de causa.
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La ley es clara y sin ambigüedad: “La cancelación de una organización política podrá ser resuelta por el CNE hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones”. No dice “aproximadamente” ni “salvo mejor criterio de los consejeros”; tiene un límite inquebrantable porque vivimos en un Estado de derecho. Con el adelanto de las elecciones, el CNE solo tenía plazo para actuar hasta el 3 de abril de 2026 y no después. El CNE actuó fuera de su competencia temporal, lo cual fue reconocido en una sesión ante cámara y micrófono, en la que quedó claramente establecido que la decisión de cancelar a una organización política se adoptó fuera del plazo previsto en la ley. Como dice el dicho: ‘por la boca muere el pez’.
La Corte Constitucional y los ecuatorianos deberían reaccionar
Esta desafortunada actuación, como se ha vuelto costumbre en el CNE, no solo constituye un inédito descaro, sino también un grave precedente que debería horrorizar a los ecuatorianos y a la Corte Constitucional, guardianes de la Constitución.
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Sorprende que ciertos integrantes del CNE, a sabiendas de que están equivocados, planteen y defiendan argumentos sin pies ni cabeza, que no soportan el más mínimo análisis jurídico.
Cuando un funcionario lee la norma, la comprende y decide actuar en contra de ella, está acabando con el orden constituido y es rematado si quienes deben custodiar el Estado de derecho y la Constitución, deciden desentenderse y mirar para otro lado, dejándonos al garete constitucional.