Taiwán y China: una disputa histórica que impacta el orden internacional

Taiwán y China Continental están separados por el Estrecho de Taiwán y mantienen una compleja relación desde 1949, cuando los comunistas de Mao Zedong vencieron a los nacionalistas de Chiang Kai-Shek. También llamada Formosa (35.808 km² y 22,4 millones de habitantes), Taiwán es el país más densamente poblado y potente fuera de la ONU. 

Tras replegarse allí como República de China (RDC) frente a la República Popular China (RPC), en 1960 inició el ‘milagro económico’ e industrial de Taiwán, transitando entre 1980 y 1990 de una dictadura a una democracia multipartidista y semipresidencial. 

Su economía es la vigésimo primera del mundo y la décimo quinta en PIB per cápita. Destaca en libertades, educación, salud y desarrollo humano. Aunque perdió su puesto en la ONU ante la RPC en 1971 (Resolución 2758), mantiene vínculos oficiales con 14 Estados miembros y la Santa Sede, además de integrar la OMC, APEC y el Banco Asiático de Desarrollo.

En el escenario internacional se busca debilitar su democracia ante la amenaza de los denominados ‘Spin Dictators’, sin valorar que Taiwán defendería el Estado de derecho y la paz global. Las presiones de Pekín hacia la unificación fuerzan a revisar la Resolución 2758 para reconocer su derecho de representación. No existe una sola China: son dos Estados distintos. Por su liderazgo en inteligencia artificial, semiconductores, gestión de desastres y salud, Taiwán es un aliado estratégico ideal. 

La presión de Pekín sobre Taiwán

En el plano multilateral, China busca ser centro de la política mundial. Xi Jinping recibió al presidente de EE. UU. y a Vladimir Putin, firmando con este último 40 acuerdos que refuerzan su alianza estratégica y la apuesta por un orden multipolar. Paralelamente, Pekín ha modificado su cerco sobre Taiwán: redujo sus incursiones aéreas un 51 %, pero intensificó la coerción marítima mediante su Guardia Costera.

El mundo libre necesita a Taiwán y debe restablecer sus derechos internacionales, evitando una injusticia contra un Estado comprometido con la democracia y los derechos humanos.

Carlos Mosquera Benalcázar