El mes pasado se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada de COVID-19, y establecer medidas de apoyo necesarias para superar la grave situación económica, proponiéndose el Gobierno como política pública el mejoramiento en la contención y reactivación económica del país, enfatizando el apoyo en la actividad productiva de empresas familiares, empresariales, de carácter popular y solidarias, que ayuden a mantener el empleo. Para lograr el desarrollo, el Estado debe alcanzar que los sistemas que conforman el régimen económico operen de manera conjunta, organizada, sostenible y dinámica, conforme determina la Constitución, para proteger los derechos de los trabajadores, creando leyes que deben aplicarse de manera integral, propendiendo una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, que lleve a todas las empresas a fortalecerse económicamente, y a que empleadores y trabajadores puedan alcanzar acuerdos bilaterales y directos, gozando de una aplicabilidad preferente durante el tiempo que duren, frente a otros acuerdos o contratos alcanzados previamente, con la intención de modificar las condiciones económicas de sus relaciones laborales, sin renunciar, disminuir, menoscabar o anular derechos, debidamente avalados por el Ministerio de Trabajo. Estos acuerdos tendrán que estar apegados a normas laborales, jurisprudencia y políticas públicas que aseguren, promocionen y sancionen a quienes las violen, para preservar la fuente de trabajo y la estabilidad del empleo.

Juan José Florencia C.