Los “progresistas”
El progresismo en América Latina enfrenta críticas por autoritarismo, corrupción y contradicciones frente a sus principios.
Varios gobiernos de la región han sido cuestionados por restringir libertades pese a identificarse como progresistas.
Resulta llamativo observar ciertas similitudes entre varios líderes y gobiernos que se han identificado como progresistas en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Política
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En teoría, el progresismo promueve el bienestar social, la participación ciudadana, la defensa de derechos civiles, la equidad económica y el fortalecimiento de las libertades individuales. Inspirado en corrientes como la socialdemocracia y el socioliberalismo, busca impulsar reformas sociales, económicas e institucionales orientadas al desarrollo y la justicia social.
Desviaciones del progresismo en gobiernos latinoamericanos
Se trata de una propuesta política con objetivos valiosos. Sin embargo, algunos de sus supuestos seguidores han desvirtuado estos principios, utilizando el discurso progresista para obtener beneficios personales, económicos o políticos. Cuando esto ocurre, el progresismo deja de ser una herramienta de transformación social y se convierte en un mecanismo de engaño y abuso de poder.
Los casos de gobiernos señalados por restringir libertades, perseguir a opositores o limitar la libre expresión contradicen uno de los principios fundamentales del progresismo: la libertad individual. Del mismo modo, diversas administraciones que han enfrentado denuncias o cuestionamientos por corrupción han debilitado la credibilidad de una doctrina que, en esencia, busca mayor justicia e igualdad.
Libertades y corrupción afectan credibilidad política
Por ello, es importante diferenciar entre los ideales del progresismo y las acciones de quienes dicen representarlo. Ninguna corriente política debe servir de refugio para el autoritarismo, la corrupción o el enriquecimiento indebido. Cuando los gobernantes traicionan los principios que proclaman, son los ciudadanos quienes terminan pagando las consecuencias.
La verdadera evaluación de cualquier proyecto político debe basarse en sus resultados, su respeto a las libertades y su compromiso con el bienestar de la población.
Ing. José M. Jalil Haas
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