Ecuador se ha visto humillado en varias ocasiones por el descubrimiento o constatación de problemas de corrupción e incapacidad profesional, por pronunciamientos de entidades o países distintos al nuestro. ¿Incapacidad o complicidad? No es posible que en casos evidentes de corrupción de funcionarios de gobierno, de jueces o fiscales, las entidades nacionales no tengan posibilidad de detectarlos. En muchos casos se han presentado denuncias y la inactividad de las entidades encargadas del control ha sido evidente. ¿Para qué existe un Consejo de la Judicatura, si solo se dedica a problemas administrativos, sin “percatarse” de otras irregularidades? No se trata solo de que otro país revoque visas, sino del daño irrogado en las funciones desarrolladas por los involucrados. La permisividad constante frente a casos evidentes que merecen sanción es pavorosa: jueces como los del caso Yunda o el de El Universo merecen, por lo menos la disposición de que no puedan volver al sistema judicial y se les retire el título profesional. Casos como Odebrecht, corrupción en Petroecuador, debimos esperar a que EE. UU. los develara para que alguna acción se tome aquí. Las universidades deberían también actuar en aras de su prestigio como productores de esos profesionales, carentes de ética y no practicantes de la deontología propia de su profesión. Los colegios profesionales deberían expulsar los de sus filas. Mientras las entidades responsables no tomen acciones drásticas y ejemplarizadoras, seguiremos viviendo este calvario de deshonra y vergüenza.
Ing. José M. Jalil Haas
