Sobre el editorial publicado “¿Abogados de provincia?”, del columnista Eduardo Carmigniani, es necesario aclarar a los lectores que además de que todo ciudadano es libre de acudir a los organismos competentes para ser oído con sus reclamos, la Resolución del Consejo de la Judicatura que crea los juzgados para delitos de corrupción y otros es ilegal porque viola normas expresas de la Constitución de la República, Código Orgánico Integral Penal y Código Orgánico de la Función Judicial, que establecen que la jurisdicción es provincial y que los jueces son competentes para conocer exclusivamente los delitos que se cometen dentro de su territorio. No cabe la creación de una jurisdicción nacional vía resolución administrativa, pues lo que se requiere para ello es una reforma de Constitución y leyes orgánicas para no vulnerar el principio de seguridad jurídica. Además, la corrupción no se ataca creando juzgados de excepción (vetados por la Constitución), sino contratando jueces y fiscales profesionales, capaces y honestos, algo en lo que parece que todos los concursos realizados hasta ahora han fallado en un alto porcentaje.

Nota: las donaciones recibidas para este proyecto inconstitucional e ilegal deben ser devueltas inmediatamente, no vaya a ser que los donantes nos acusen a todos de engaño por los errores de unos pocos.

Carlos Cortaza Vinueza