La destrucción de las armas

¿Cómo destruir un arma? Con una sierra industrial fijada a una mesa de madera, una careta de protección y un mazo. Lo leí en una de las ‘crónicas desamparadas’ del libro ‘Contra Estados Unidos’, del periodista mexicano Diego Osorno.

Quienes así habían destruido armas hace una década fueron un centenar de familiares de las víctimas de la ‘guerra contra el narcotráfico’ mientras recorrían durante dos meses más de once mil kilómetros por Estados Unidos. El objetivo de esa Caravana por la Paz era detener la violencia que había causado más de 200.000 asesinatos y 60.000 desapariciones en México.

No demandaban la prohibición de la venta de armas para cacería o autodefensa, “sino su regulación para impedir que sean conseguidas por cárteles de la droga en ferias populares, donde se venden como algodones de azúcar y luego son usadas para desatar pandemonios de fuego”.

El pasado 20 marzo, la periodista Isabella González publicó en el diario El País que de las 200.000 armas que ingresan ilegalmente desde EE. UU. a México cada año, solo al 15 % se les da seguimiento a través del sistema de rastreo eTrace de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para identificar a los responsables del contrabando.

En noviembre de 2022, el Ministerio del Interior del Ecuador firmó un memorando de entendimiento con EE.UU. para notificar “a la oficina de asuntos internacionales de la ATF antes de iniciar cualquier investigación independiente sobre el tráfico de armas de fuego que surja o proceda de los datos sobre su rastreo obtenidos a través de eTrace”.

Unos meses antes, la incautación develó que llegan a manos de delincuentes en Ecuador a través de la frontera con Perú, servicios de correo expreso y rápido, narcoavionetas y asaltos a bodegas policiales.

La “información de las armas perdidas, hurtadas, robadas” será incorporada al Sistema Informático de Control de Armas (Sincoar), según el Decreto 707 modificado por el presidente Guillermo Lasso para autorizar “el porte de armas de uso civil para defensa personal” desde el 1 de abril de 2023.

La periodicidad con que el Ministerio de Defensa y el del Interior hagan el registro dejaría un margen de incertidumbre para su recuperación. ¿Qué garantiza el rigor en el control sobre las empresas privadas de seguridad que “complementarían” la labor de la fuerza pública?

Luis Fernando Fonseca