Las malas prácticas de los anteriores gobernantes son contagiosas. Meter la mano nuevamente al seguro social, menoscabando su patrimonio, tomando dinero en efectivo de los fondos de afiliados y jubilados y entregar bonos, papeles, demuestra claramente su interés en descapitalizar y privatizar la seguridad social. A la norma suprema se la violenta descaradamente, abusando del poder temporal. La Constitución de 2008, en su art. 372, taxativamente manifiesta: “Los fondos y reservas del seguro general obligatorio serán propios y distintos de los del Fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio”; y en el art. 367 ordena: “El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población”. Por lo tanto, el deber ser del Gobierno nacional es fomentar el derecho al trabajo formal de los ecuatorianos, creando fuentes de empleo que garanticen a los trabajadores el pleno respeto a su dignidad, con remuneraciones y retribuciones justas. Además, aplicar las disposiciones legales que permitan recuperar los dineros de quienes por años no han cancelado sus obligaciones al sistema de seguridad social, deudores que deberían ser sancionados.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador