Desde hace más de 20 años han sido suspendidos más de 800 jueces; han sido sancionados más de 1.200 funcionarios judiciales. Alguien hubiese podido puntualizar explicaciones pero eso es justamente lo que no hicieron. 

Es posible que interesados -pero contados- hayan solicitado examinar las actuaciones de todos esos jueces, no solo ante el Consejo de la Judicatura; quizás bastantes personas quisieron hacerlo pero tenían miedo o carecían de recursos para ello. 

Sin embargo, esos abogados-jueces parece que gozaban ampliamente de protección, en grave perjuicio de la administración de justicia. Esto sin descontar presumidas actuaciones muy fuera de lo que cualquier juez debe y puede hacer.

Mario Guerrero Burgos