El tóxico impulso de mandar

El gigantismo del aparato público es la mayor causa de su propia parálisis e ineficiencia, de la quiebra fiscal crónica, de la corrupción -crea controles y tarifa atajos- y de infinidad de males, incluyendo la pesadilla que vive el ciudadano común abriéndose paso por el enmarañado e inacabable laberinto normativo para obtener un permiso, una licencia o un registro sin el cual no puede ejercer un derecho que la ley supuestamente garantiza, pero el funcionario condiciona.

El tamaño del sector público es consecuencia de las potestades que se ha arrogado, muchas sin origen en la ley, como exige la Constitución, sino en el capricho de quien controla una parcela de poder expresado en normativa de segundo y tercer orden, desde reglamentos, acuerdos ministeriales hasta simples instructivos engendrados por miles con palmaria infracción de la Carta Suprema -¡vaya ejemplaridad pública!-. Decir mil es apenas un atisbo figurativo, pues los hay por decenas de miles, como existen aproximadamente 600 entidades públicas, cada una convertida en un feudo de poder que se disputa un pedazo del pastel regulatorio.

De poco servirá colocar uno o varios ministerios bajo otros, como quien barre la basura debajo de la alfombra, si las competencias siguen intactas, si aquel trámite tortuoso y absurdo no es simplificado o eliminado, si aquella potestad inconstitucional no es extinguida, porque a fin de cuentas lo que debería prevalecer es el derecho de cada persona a ejercer su libertad, sea la de trabajo, de asociación, de realizar actividades económicas, de adquirir o disponer de la propiedad, de expresarse o cualquier otra, sin interferencia -salvo casos de excepción que han devenido en la regla-, sin el permiso de tutores públicos y burócratas que actúan bajo una consigna policial, de control antes que servicio, de sanción antes que facilitación, de prohibición antes que promoción, fruto de aquella cultura colonial tan arraigada, cuando casi nada podía hacerse sin el beneplácito del monarca o sus delegados.

Derechos ciudadanos vs. potestades administrativas

Luis XVI tuvo apenas cuatro secretarías y una contraloría financiera, pero ejercía un poder absoluto -lo perdió de un tajo, igual que su cabeza, literalmente-. Porque la calentura no está en las sábanas que cubren el cuerpo institucional, sino en cada trámite y proceso administrativo infectado de poder, de ese insaciable y tóxico impulso a mandar sobre los demás.