Los mercados de carbono: ¿oportunidad o trampa disfrazada?

La Asamblea aprobó la reforma al Código Orgánico del Ambiente con 82 votos. Parecería un triunfo. Sin embargo, hay un debate crucial: ¿protegemos realmente nuestros bosques o abrimos la puerta a que otros los protejan desde escritorios mientras generan ganancias?

Haber estado siguiendo este debate desde hace algunos años, me permite decir algo claro: el problema central está en los mercados de carbono. La ley busca liberalizarlos, lo que suena bien como herramienta de financiamiento climático. Pero la Constitución es explícita en su Artículo 74: los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación. El Estado debe marcar clara la cancha para regularlos. Entonces, ¿qué pasaría sin controles rigurosos? Pasaría lo que advierten ambientalistas: doble o triple contabilidad de carbono.

Imagínalo: un bosque en la Amazonía captura carbono existiendo. Sin supervisión, ese mismo bosque podría generar bonos en tres mercados diferentes, o permitir tres permisos para contaminar sobre el mismo espacio. No es ficción. Es el riesgo real que enfrentamos sin regulación clara.

Treinta días para evaluar las reformas

De acuerdo con el debate, algunos argumentan que sin estos mecanismos no accedemos al financiamiento climático internacional ni cumplimos el Acuerdo de París. Tienen razón. El Ejecutivo tiene 30 días para evaluar si las reformas son suficientes.

Sin embargo, aquí es donde tenemos que ser inteligentes. No se trata de rechazar estos mercados, sino de regularlos de verdad. De establecer criterios claros. De que el Estado sea guardián, no solo árbitro. De garantizar que quienes inviertan en conservación contribuyan realmente a reducir emisiones, no solo a cubrirse con un sello verde mientras contaminan en otro lado.

Las comunidades indígenas preservan bosques hace décadas sin mercados de carbono. Hecho innegable. Entonces, ¿qué tal si estos mercados se convierten en herramienta para financiar esas iniciativas comunitarias, en lugar de reemplazarlas?

La reforma tiene 360 días para desarrollar normativa secundaria. Tiempo suficiente para escuchar, diseñar salvaguardas que protejan nuestros bosques y pueblos, y demostrar que un país puede acceder a financiamiento climático sin sacrificar soberanía ambiental.

La oportunidad está aquí. Ahora es cuando toca hacer ruido inteligente.

veronica@veronicaariascabanilla.com