Examen para la abogacía

En nuestro país, tradicionalmente, el título de abogado lo otorga la universidad y con eso bastaba para ejercer la profesión, es decir, defender causas civiles, penales, tributarias, laborales y un larguísimo etcétera, entendiendo que ese título es demostrativo del conocimiento suficiente del profesional para realizar actividades en las que están en juego derechos y libertades del cliente. En 2009 se agregó la necesidad de aprobar una práctica profesional para que los titulados puedan matricularse en el foro de abogados y ejercer la abogacía en todos los casos. El asambleísta Esteban Torres ha indicado que esa credencial, en varios casos, se torna en una “licencia para matar”, lo que ocasionó la airada reacción del gremio, cosa nada extraña, porque acá nos preocupamos más de lo que se dice que de lo que se hace y, de lo primero, fundamentalmente de ‘cómo’ se lo dice.

Credenciales para abogados

En contra de esa iniciativa hay cuestionamientos o dudas válidas, como el quién va a elaborar ese examen de acreditación, porque si tomamos pruebitas como esas de los ‘concursetes’ para nombrar autoridades, estamos tan perdidos como en ese sistema: preguntas mal formuladas, peor contestadas y pésimamente calificadas. Alguien dirá: entonces hagamos como en España, donde el título de grado no basta para obtener la licencia profesional, agregándose la necesidad de aprobar un máster. Esa solución tampoco es feliz y muy probablemente solo serviría para acrecentar al ya extendido negocio de imprimir cartones a cambio de una colegiatura y, si acaso, de conectarse a unas clases virtuales. La cosa está en el principio de la obtención del título: por autonomía universitaria no se puede seguir permitiendo que grados y posgrados sigan siendo una mera mercancía (no barata, porque los precios tampoco son de oferta) sino que se otorguen a quienes realmente son aptos para la defensa y, también, que para patrocinar en determinadas instancias se cumplan requisitos adicionales. Pero en esto la desconfianza permanecerá: inhabilitar a algún incómodo no se descartaría.

A esto hemos llegado y con hacerse los ofendidos en el gremio o en la academia no se soluciona el problema que sufre el sistema que se construyó a base del facilismo, con abogados medianamente preparados que prefieren este régimen en el que pueden enfrentar a un pobremente formado, pues, “en el país de los ciegos, el tuerto es el rey”.