Vicko Villacís seguirá en prisión preventiva por el caso Blindado
Vicko Villacís seguirá en prisión preventiva por el caso Blindado. La causa investiga un presunto lavado de activos vinculado con recursos públicos
Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas.
El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, continuará en prisión preventiva dentro del caso Blindado, que investiga un presunto delito de lavado de activos. La decisión fue adoptada este 15 de octubre de 2026 por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), durante la reinstalación de la audiencia de apelación de medidas cautelares.
El tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y mantuvo la medida para siete procesados, incluido el alcalde. Además, acogió la apelación de la Fiscalía y dispuso prisión preventiva para otros dos involucrados que tenían medidas alternativas.
Villacís ya había solicitado cambiar la prisión preventiva
La resolución se suma a la decisión del 24 de septiembre de 2026, cuando la jueza nacional Daniella Camacho negó los pedidos de revisión de la prisión preventiva presentados por Villacís y otros seis procesados.
En aquella diligencia, la magistrada consideró que los argumentos expuestos no constituían hechos nuevos suficientes para modificar las medidas cautelares. La defensa del alcalde había cuestionado la investigación y presentado documentación para sustentar la legalidad de sus actuaciones.
En la audiencia de apelación intervino el fiscal general del Estado encargado, Carlos Leonardo Alarcón, quien defendió la necesidad de mantener las medidas para garantizar la comparecencia de los procesados.
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Los procesados cuya prisión preventiva fue ratificada
De acuerdo con la información de la resolución, el tribunal mantuvo la prisión preventiva para:
- Kléber Andrés Salcedo Torres.
- Diego Geovanny Montaño Torres.
- Vicko Alfredo Villacís Tenorio.
- Luis Jheovanny Reyna Tenorio.
- Carol Zuleyka Lemos Hurtado.
- Jonathan Geovanny Monte Barzola.
- Juan Alberto Lastre Castillo.
La lista comprende al alcalde de Esmeraldas y a otras seis personas.
Tribunal dispuso prisión para otros dos involucrados
En la misma diligencia, los magistrados aceptaron el recurso de la Fiscalía contra las medidas alternativas concedidas a Simón Bolívar Moreno e Iván Sol González y ordenaron su prisión preventiva.
Ambos habían sido vinculados al proceso en septiembre de 2026. La Fiscalía apeló las medidas iniciales al considerar que resultaban insuficientes frente a los riesgos procesales identificados. Ese pedido se debatió en la audiencia instalada el 7 de octubre de 2026.
Con la nueva resolución, quedaron sin efecto las medidas alternativas que les permitían afrontar el proceso en libertad y se dispuso su localización y captura.
Justicia
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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Cómo comenzó la investigación del caso Blindado
La investigación previa comenzó en noviembre de 2025, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Según la Fiscalía, los elementos recabados apuntarían a una presunta estructura organizada para obtener y aprovechar indebidamente fondos estatales. La institución identifica un monto de $7.543.716 relacionado con el supuesto lavado de activos.
El reporte financiero sirvió como punto de partida para examinar las operaciones y el destino de los recursos. La hipótesis fiscal sostiene que el dinero habría llegado al círculo cercano del alcalde, a empresas vinculadas y a cuentas en el exterior, además de utilizarse para adquirir bienes muebles e inmuebles.
La causa avanzará a la audiencia preparatoria de juicio
El proceso comprende a 15 personas naturales y tres empresas. Tras el cierre de la instrucción fiscal, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio fue convocada para el 18 de noviembre de 2026.
En esa etapa se analizarán los elementos de la acusación y los planteamientos de las defensas para determinar si corresponde llamar a juicio a los procesados. Las decisiones sobre prisión preventiva resuelven su situación cautelar y no constituyen una sentencia sobre su responsabilidad penal.
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