CASO SINOHYDRO
Tribunal delibera sobre el pedido de suspensión de la pena de Lenín Moreno en el caso Sinohydro
El expresidente Lenín Moreno, su familia, y otros sentenciados más solicitan la suspensión condicional de la pena recibida en el caso Sinohydro
El Tribunal está conformado por los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga.
Las claves del caso
- Tribunal suspendió la audiencia y evaluará pedidos de suspensión condicional de 12 sentenciados.
- Fiscalía rechazó el beneficio al argumentar que la reforma al COIP excluye el delito de cohecho.
- Defensas de Lenín Moreno, Rocío González e Irina Moreno alegaron arraigo y ofrecieron garantías.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia suspendió este 7 de septiembre de 2026 la audiencia en la que se evalúa la suspensión condicional de la pena solicitada por 12 sentenciados por el delito de cohecho en el caso Sinohydro, entre ellos el expresidente Lenín Moreno y miembros de su familia. Tras más de cuatro horas de alegatos en Quito, los jueces anunciaron que analizarán los elementos expuestos por las defensas y la Fiscalía General del Estado antes de reinstalar la diligencia a la brevedad posible para emitir su resolución.
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Fiscalía rechaza la suspensión condicional de la pena en el caso Sinohydro
El fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, se opuso categóricamente a la solicitud de los sentenciados. Durante su intervención, explicó que la reforma anticorrupción aplicada al Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde febrero de 2021, prohíbe de forma expresa conceder este beneficio procesal a los condenados por cohecho.
Alarcón refutó la aplicación de versiones anteriores del Código Penal o redacciones intermedias bajo el principio de favorabilidad. Su postura técnica se basó en dos puntos:
- Vigencia procesal: La instrucción fiscal se inició en 2023, cuando la prohibición legal ya regía en el país.
- Mecanismos de ejecución: La favorabilidad rige sobre la cuantía de la pena y no sobre figuras de ejecución penal, sujetas al principio tempus regit actum y a la seguridad jurídica.
Asimismo, recalcó que las exigencias del artículo 630 del COIP son concurrentes y obligatorias, por lo que el cumplimiento de una de ellas no suple la ausencia de las demás. Según la Fiscalía, la causa no responde a hechos aislados, sino a una red estructurada en torno al proyecto de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, obra valorada en más de 2.000 millones de dólares. El fiscal subrayó que el arraigo domiciliario o laboral no subsana el daño ocasionado a la administración pública y a la fe institucional.
El señalamiento fiscal contra Lenín Moreno y Rocío González
En su exposición individualizada, Alarcón cuestionó la conducta de los principales sentenciados:
- Lenín Moreno: Cometió los actos mientras ejercía como vicepresidente de la República, cargo que le exigía un estricto deber de probidad. La Fiscalía acreditó gestiones ante el presidente de turno para facilitar financiamiento con el Eximbank de China a favor de Sinohydro Corporation, derivando en desvíos hacia intermediarios que financiaron compras como muebles mediante Ina Investment Corp. para su residencia en Ginebra, Suiza.
- Rocío González: Su rol consistió en recibir y administrar beneficios económicos ilícitos. Se utilizó a la empresa Comercial Recorsa S.A. para canalizar dádivas que incrementaron su patrimonio personal y familiar, dando destino final a los fondos ilícitos. Por ello, la Fiscalía demandó prisión efectiva.
Justicia
Estos son los argumentos de Lenín Moreno para suspender su pena en el caso Sinohydro
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Los argumentos de la defensa de la familia Moreno González
El abogado defensor David Meza sustentó las peticiones de Lenín Moreno, su cónyuge Rocío González y su hija Irina Moreno González, condenadas estas dos últimas en calidad de cómplices a dos años y seis meses de privación de libertad.
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Meza expuso las condiciones particulares de cada procesado:
- Lenín Moreno: Mantiene una discapacidad física permanente del 70 % desde hace más de tres décadas. La defensa invocó los artículos 35 y 38 de la Constitución sobre la atención prioritaria a personas de la tercera edad y con discapacidad. Además, acreditó carencia de antecedentes penales, pena no mayor a cinco años y ofreció bienes en Quito y Tena como caución de la reparación económica.
- Rocío González: La defensa alegó que es adulta mayor, cuidadora cotidiana de su esposo y que su conducta careció de trascendencia gravosa. Presentó estados de cuenta para cancelar de inmediato la reparación económica sin aguardar la ejecutoria del fallo, adjuntando certificaciones de arraigo en Quito y récord limpio.
- Irina Moreno González: Sentenciada por transacciones relacionadas con obras de arte ajenas a la administración estatal. Su defensa indicó que reside en Naples, Florida (EE. UU.), tiene dos hijos menores de 5 y 7 años, está casada con una persona con discapacidad y presentó el predial de un inmueble en Quito para afianzar el pago de 156.000 dólares fijados como reparación integral.
Adicionalmente, el abogado sostuvo que los tres ciudadanos cumplieron cabalmente las medidas cautelares durante el juicio —presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y controles consulares—, lo que ratificaría una conducta procesal idónea sin necesidad de privación de libertad.
El fiscal general del Estado, Carlos Alarcón.
Los 12 sentenciados que buscan la suspensión de la pena
La solicitud tramitada ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia involucra a 12 de las personas que fueron condenadas por cohecho en esta trama:
- Lenín Moreno Garcés
- Judith Rocío González Navas
- Irina Moreno González
- Martha Guisella González Navas
- Edwin Ovidio Moreno Garcés
- Guillermo Renán Moreno Garcés
- Patricia de las Mercedes Patiño Herdoíza
- Conto Augusto Patiño Martínez
- Juan Carlos Patiño Herdoíza
- Carlos Oswaldo Almeida Almeida
- Cai Runguo
- Song Donsheng
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