La Revolución Ciudadana denuncia a la fiscal del caso Caja Chica: ¿De qué acusan a la funcionaria?
Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado
Gabriela Rivadeneira es la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana.
Las claves del caso
- Rivadeneira denuncia a la fiscal Bonilla por fraude procesal en el caso "Caja Chica".
- La Fiscalía pidió suspender a Revolución Ciudadana por presunto lavado de activos de Venezuela.
- RC usará partidos aliados en las seccionales de noviembre tras su suspensión de 9 meses.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, presentó una denuncia penal por presunto fraude procesal contra la fiscal Judith Bonilla, quien lidera la investigación del caso Caja Chica sobre supuesto lavado de activos en la campaña correísta.
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La denuncia contra la fiscal Judith Bonilla
La dirigente política anunció a través de sus canales oficiales que la acción judicial responde a las actuaciones de la fiscal Bonilla dentro de la instrucción que vincula recursos de Venezuela con el movimiento político. Rivadeneira enfatizó que esta medida es necesaria ante lo que considera una manipulación del sistema judicial para incidir en la contienda electoral.
Agentes de la Fiscalía y Policía allanaron la sede de la Revolución Ciudadana, como parte de las investigaciones del caso Caja Chica.
Suspensión de la Revolución Ciudadana ante el TCE
La fiscal Judith Bonilla, bajo delegación del fiscal general Carlos Alarcón, fue quien solicitó formalmente la suspensión del movimiento ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esta petición se fundamentó en el inicio de la investigación por lavado de activos notificada en marzo de 2026, lo que derivó en una sanción que afecta directamente la participación del partido en los próximos comicios.
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Impacto en las elecciones seccionales de 2026
La ratificación de la suspensión por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TCE establece un periodo de inhabilitación de nueve meses para el registro de la Revolución Ciudadana. Esto genera las siguientes consecuencias para el bloque correísta:
- Exclusión electoral: El movimiento no podrá participar con su casillero propio en las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
- Alianzas estratégicas: La dirigencia busca inscribir cuadros a través de organizaciones políticas aliadas, cuyos nombres se mantienen en reserva.
- Marco legal: La sanción se ejecutó bajo el amparo del artículo 374 de la Ley Electoral.
"No podemos normalizar que la justicia se utilice como herramienta para eliminar adversarios políticos y manipular la contienda electoral", sentenció Rivadeneira.
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