"No hubo garantías": defensa de Aquiles Álvarez cuestiona audiencia del caso Grillete

La defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció que la audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso Grillete se desarrolló en condiciones que, a su criterio, no garantizaron el derecho a la defensa ni el debido proceso.

A través de un pronunciamiento público, el equipo jurídico rechazó la versión de que abandonó voluntariamente la diligencia y sostuvo que su retiro respondió a la imposibilidad de continuar en una audiencia que, según argumenta, dejó de ofrecer las garantías mínimas establecidas en la Constitución para ejercer una defensa técnica adecuada.

Cuestionamientos al desarrollo de la audiencia

La defensa señaló que la nueva convocatoria a la audiencia fue fijada en un plazo que calificó como insuficiente para preparar la estrategia jurídica. 

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Según el documento, el tiempo limitado impidió reunirse de forma presencial con el procesado, revisar el expediente completo y estructurar adecuadamente la defensa.

El pronunciamiento enfatiza que estas condiciones resultaban especialmente relevantes debido a la situación jurídica del alcalde, quien se encuentra privado de libertad, lo que —según la defensa— exige mayores garantías para la preparación del caso.

Objeciones sobre competencia e imparcialidad

Durante la audiencia, los abogados también plantearon objeciones relacionadas con la competencia de la autoridad judicial para conocer determinadas incidencias procesales, así como observaciones sobre la imparcialidad y seguridad jurídica del proceso.

De acuerdo con la versión de la defensa, estos cuestionamientos no fueron admitidos, pese a que consideran que existían fundamentos suficientes para su análisis.

Argumento constitucional

El equipo jurídico citó criterios de la Corte Constitucional para sustentar su postura, señalando que la celeridad procesal no puede imponerse sobre el derecho a la defensa. 

En ese sentido, advirtió que la rapidez en la tramitación de un proceso no debería justificar restricciones a las garantías fundamentales de las partes.

Riesgos al debido proceso

La defensa sostuvo que permanecer en la audiencia habría implicado legitimar actuaciones que, desde su perspectiva, resultan incompatibles con estándares constitucionales y normas internacionales sobre el debido proceso.

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Además, expresó preocupación por una eventual designación de defensa pública sin que existan, según su criterio, condiciones equivalentes de tiempo y preparación frente a la defensa de confianza.

Finalmente, el equipo de abogados anticipó que hará uso de todos los recursos legales y constitucionales disponibles para exigir que el proceso se lleve a cabo con pleno respeto a las garantías judiciales.

"La ciudadanía merece conocer el contexto completo de lo ocurrido y no únicamente una versión parcial de los hechos", reza en el documento.